BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)
Estas subvenciones, que se financian a través de la casilla del 0,7% del IRPF para finalidades sociales, van destinadas a programas concretos llevados a cabo por entidades, dirigidos a personas con discapacidad, tercera edad, personas en riesgo de exclusión, infancia y familias, entre otros.
La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha explicado que esta sentencia desestima la establecida por el Tribunal Supremo en marzo y reconoce que "las funciones ejecutivas de convocar, gestionar y otorgar subvenciones corresponden a la Generalitat", que tiene que poder desarrollar la regulación de las condiciones.
La Generalitat recuerda que el tribunal ya ha resuelto en diez ocasiones anteriores a favor de los litigios presentados por el Ejecutivo catalán en esta materia y señala al Estado el deber de modificar el marco normativo de las subvenciones en materia de servicios sociales a cargo de la asignación del IRPF.
La consellera ha aplaudido la sentencia y ha considerado que la modificación del marco normativa tendría que contemplar una "territorialización" de los fondos que nutren estas ayudas, consiguiendo una mayor participación de la Generalitat.
EL GOBIERNO NO PREVÉ CAMBIOS
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha dicho este mismo lunes en Barcelona, antes de la publicación del fallo, que el Gobierno central no prevé cambiar el modelo de asignación del 0,7% de recursos del IRPF destinados a fines sociales.
En rueda de prensa tras el Consell Executiu, la consellera portavoz de la Generalitat, Neus Munté, ha dicho en tono irónico preguntada por el fallo y las palabras del secretario de Estado: "Entiendo que las palabras del secretario de Estado no las podemos interpretar como un acto de desobediencia".
Ha insistido en que la Generalitat continuará batallando para que se le reconozca la gestión del 0,7% que los contribuyentes catalanes destinan a finalidades sociales, como han reconocido diferentes fallos.
