BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)
El juicio, que arrancará a las 10 horas con las cuestiones previas, es por supuesta estafa, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida, insolvencia punible, administración desleal y contra la hacienda pública.
Los principales acusados son el expresidente de la Fundación Josep B.C., dos exvocales de la Fundación (Joan Albert L.S. y Miguel Ángel C.G), el empresario José C.M. y otra persona vinculada a la Fundación, Xavier S.B., y como responsable civil subsidiario está Unió.
Las penas más altas que solicita la Fiscalía son para los exvocales Joan Albert L.S. y Miguel Ángel C.G., de hasta 17 años de cárcel y sendas multas de 108.000 euros, por los delitos de estafa continuada, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida e insolvencia punible.
Para el entonces presidente de la Fundación, Josep B.C., la Fiscalía pide ocho años y un mes de prisión y 46.500 euros de multa; y respecto a los otros acusados, pide un año y 11 meses para Xavier S.B., y tres años y un mes para José C.M.
Según las conclusiones del Servicio de Delitos Económicos de la Fiscalía de Barcelona, los principales acusados construyeron un entramado societario constituido por dos niveles de empresas, el primero formado por el holding IMS, y el segundo por un grupo de 19 mercantiles administradas por testaferros, que utilizaron para diversos delitos.
Los acusados, junto al presidente de la Fundación, "abusaron de su condición de rectores de dicha fundación para de común acuerdo extraer ilícitamente de la caja social cuantiosos fondos de esta entidad, que se destinaron a engrosar las arcas del grupo IMS, a través de terceros desconocidos".
Este desvío se hizo mediante facturas falsas por servicios inexistentes y por un préstamo directo, con lo que, según los cálculos del fiscal, el importe total ilícitamente desviado de la Fundación a IMS entre 2004 y 2007 ascendió a 1.786.651,46 euros, y cuando llegaban a la esfera de IMS "se convertían en dinero en efectivo, ignorándose en qué y por quién fueron finalmente empleados".
Cuando supieron que estaban bajo investigación, estos tres acusados trataron de "difuminar su responsabilidad por otra vía", por lo que se convenció al entonces administrador de Copisa, el imputado José C.M., para que hiciera frente a la deuda con la Fundación, involucrando a Xavier S.B., vinculado a Catalunya i Territori, que presuntamente aparentó que cobraba un préstamo de Copisa a cuenta de servicios futuros para la empresa.
"INJUSTIFICADO BENEFICIO" A UNIÓ
Asimismo, el fiscal constató que se produjo "un injustificado beneficio económico" a Unió en perjuicio de la Fundación, al dejar de cobrarle en 2005 el alquiler de cinco locales en Tàrrega, Lleida y Tarragona, y una venta de los inmuebles a un precio inferior al de mercado.
Paralelamente, la empresa Kontrast Produccions, dedicada a organizar congresos y eventos, facturó servicios prestados a UDC a la empresa IMS por valor de 116.483,72 euros, y los principales acusados utilizaron para ello "fondos recibidos de la Fundació Catalunya i Territori", además que algunas de estas facturas las pagó directamente dicha fundación.
