GETAFE, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción n.º 7 de Getafe había acordado en su día la incoación de procedimiento abreviado contra varios funcionarios del Ayuntamiento, cuatro concejales socialistas, incluido el exalcalde de Getafe, Pedro Castro, y una edil de IU por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, malversación y tráfico de influencias.
Según el auto de la Audiencia Provincial al que ha tenido acceso Europa Press, "para la apreciación de la prevaricación administrativa no basta la mera ilegalidad a este respecto; no existiendo estos delitos cuando la resolución correspondiente es solo una interpretación errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en el ámbito del derecho".
En este sentido, "no se aprecian indicios de la existencia de información privilegiada, de falsedad, de que se hubieran dictado en los expedientes resoluciones arbitrarias o manifiestamente injustas, ni que ninguno de los investigados hubiese solicitado o recibido, por sí o persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase".
Asimismo, no se desprenden indicios de que los funcionarios públicos investigados "se concertaran con los interesados o usasen de cualquier otro artificio para defraudar al ente público y tampoco que sustrajeran o consintieran que otros sustrajeran caudales públicos ni que se aprovecharan de su cargo público para forzar o facilitarse cualquier forma de participación en las contrataciones".
El CASO COMENZÓ EN 2009
El 'caso Aparcamientos' se remonta a 2009, después de que el Juzgado de Instrucción número 7 de Getafe iniciara las diligencias tras la denuncia del grupo municipal del PP sobre la existencia de "una presunta trama corrupta" para la adjudicación de la ejecución y explotación de 1.423 plazas de aparcamiento.
Según la denuncia que puso el PP, esto "podría haber supuesto un beneficio de 12 millones de euros para los gestores y concesionarios de los aparcamientos, existiendo una vinculación entre los adjudicatarios, la gestora responsable y miembros del Gobierno municipal, contando con información privilegiada para obtener la máxima puntuación en la oferta económica".
Por este caso, dimitieron en febrero de 2014 los entonces concejales socialistas, Pedro Castro, al portavoz del grupo municipal socialista, José Manuel Vázquez, y los también ediles del PSOE Cristina González y David Castro, además de la concejala de IU, Sylvia Uyarra.
