BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
Hasta la fecha, sólo la presidenta, Carme Forcadell, estaba bajo investigación por permitir el debate y la votación de la conclusiones de la comisión del proceso constituyente, algo que el TC le había instado a impedir porque lo considera un desarrollo de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015 suspendida por el tribunal.
Tras el Debate de Política General, el abogado del Estado vio en la resolución independentista visos de ilegalidad, al considerar que también desarrollaba esa resolución, y el TC abrió un nuevo expediente de ejecución que implica a los miembros de la Mesa que permitieron que se llevara al pleno.
Al margen de Forcadell, los miembros que permitieron esa tramitación fueron el vicepresidente primero de la Mesa, Lluís Corominas (JxSí); las secretarias primera y cuarta, Anna Simó y Ramona Barrufet (JxSí) --votando a favor-- y el secretario tercero, Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), que se abstuvo.
El documento, entregado a todos los componentes de la Mesa y consultado por Europa Press, explicita que se trata del expediente de ejecución sobre la resolución 306/XI de 6 de octubre de 2016.
"Les advierto de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, advirtiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal en que puedan incurrir en caso de incumplimiento" de lo que ordena el TC.
La notificación de "apercibimiento y requerimiento" también les pide que emitan un informe en 20 días hábiles sobre las actuaciones que dieron lugar a la aceptación a trámite de la resolución.
