MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La sentencia dada a conocer este jueves por el alto tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado Miguel Ángel P.G. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que el pasado mes de marzo le impuso una pena de dos años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con menores por un delito contra la intimidad que afectó a una pluralidad de personas.
Para el Tribunal Supremo, los trastornos de estímulo sexual como el 'voyeurismo' o la pedofilia no impiden ni limitan la capacidad de actuar del acusado conforme a su conocimiento de la ilicitud de su acción.
En este sentido, la sentencia afirma que sólo en ocasiones este tribunal ha estimado una disminución de la imputabilidad en supuestos graves en que se constataba una afectación asociada a otros trastornos psíquicos relevantes como la toxicomanía, el alcoholismo o una neurosis depresiva.
TRASTORNO QUE NO AFECTA A LA VOLUNTAD
La sentencia se apoya en la jurisprudencia de la Sala que en relación con este tipo de trastornos establece que "no afectan a la capacidad de voluntad y entendimiento con trascendencia en la imputabilidad del sujeto activo si no aparece asociada a otra anomalía o trastorno psíquico".
Esa misma jurisprudencia indica que la importancia a la hora de determinar su culpabilidad vendrá determinada por "su capacidad de entender la ilicitud de sus actos y de controlar sus impulsos", sin que se establezca un criterio inamovible, ya que ha de examinarse cada caso y ponderar sus consecuencias en función de su gravedad.
Los hechos probados recogidos en la sentencia recurrida narran que, entre principios del 2013 y marzo de 2014, el condenado instaló subrepticiamente microcámaras en tres aseos del colegio de Zaragoza donde trabajaba como profesor para grabar desnudas o semidesnudas en situaciones íntimas a las personas que utilizaban los aseos.
LE DESCUBRIÓ LA SECRETARIA
La secretaria del colegio descubrió debajo del lavabo de uno de los baños -destinado al personal de administración y profesorado- una cámara pegada con una masilla de color gris. La mujer se llevó el dispositivo y comprobó al meterlo en un ordenador que en uno de los archivos aparecía ella haciendo sus necesidades fisiológicas.
Después de borrar la grabación, avisó a la policía que se presentó en el colegio y detuvo al acusado cuando salía de forma apresurada del citado baño. Durante el registro de su domicilio, se intervino un disco duro con 22 archivos con grabaciones realizadas a distintas personas mientras utilizaban los aseos y en los que se veían sus partes íntimas y 82 vídeos borrados localizados en dos tarjetas Micro SD.
La sentencia recurrida refleja también que el acusado presenta un trastorno sexual o parafilia denominada voyeurismo, que se manifiesta en la conducta de observar ocultamente a personas cuando están desnudándose, desnudas o en plena actividad sexual que les provoca excitación sexual, sin que ello limite su capacidad de comprender y de actuar conforme a esa comprensión.
También incluyó que la denunciante y la letrada del Patronato de la Fundación Educativa Escolapias perdonaron al acusado en el juicio. Este perdón, precisamente, es el que alega el condenado, además de la inexistencia de una denuncia previa por parte de los ofendidos o agraviados por el delito, para pedir que se anule su condena.
Frente a lo que sostiene la defensa, el Tribunal Supremo indica que se trata de un caso en que "la acción delictiva afecta a un número elevado de personas" -tanto por el tiempo que duró la grabación como por el material que se le intervino- y que en este supuesto, al igual que cuando afecta a los intereses generales, el delito es perseguible de oficio, de acuerdo con el artículo 209 del Código Penal, por lo que no es necesario la denuncia previa de la víctima. Tampoco considera imprescindible que se identificara a todos los afectados para ofrecerles las acciones y preguntarles si perdonaban al condenado.
La sentencia también confirma, además de la pena de dos años de prisión, la de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con menores durante el mismo tiempo de la condena.
Aunque indica que la Audiencia Provincial de Zaragoza no condenó al profesor por el subtipo agravado relativo a la afectación de menores de edad, (los policías manifestaron que en el disco duro del ordenador del acusado aparecían escenas de niñas desnudas que no habían alcanzado la pubertad dentro de los aseos, pero en la prueba pericial no se pudo acceder a su contenido) sí admitió que los menores corrieron el riesgo de ser grabados.
