MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La admisión a trámite supone la paralización cautelar de las resoluciones aprobadas hasta que el tribunal de garantías se pronuncie sobre el fondo de asuntos. El Ejecutivo cuestionó la legalidad de seis resoluciones aprobadas por la Cámara catalana el pasado 7 de octubre al existir un "incumplimiento" de la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre.
El Gobierno ya solicitó al Tribunal de Garantías la nulidad de otra resolución aprobada por el Parlamento catalán el pasado 27 de julio, la que dio inicio al denominado proceso de "desconexión" de Cataluña con España. De hecho, el TC ya se ha pronunciado al respecto y acordó de forma unánime su nulidad.
Así, el Pleno ha acordado tramitar el incidente y, en concreto, los apartados de los capítulos titulados 'Referéndum' y 'Proceso Constituyente' que se incluyeron en el Título I sobre 'El futuro político de Cataluña' de aquella resolución.
NOTIFICACIÓN PERSONAL
Dan traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña de la petición de la Abogacía del Estado para que, en el plazo de veinte días formulen las alegaciones que estimen oportunas y acuerda también la suspensión cautelar de los apartados objeto del incidente de ejecución, lo que es consecuencia automática de la invocación por el Gobierno del artículo 161.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
De acuerdo con lo solicitado por el Abogado del Estado, el Pleno ordena notificar personalmente esta resolución a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, al secretario general del Parlamento de Cataluña, así como al presidente Carles Puigdemont y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Se les advierte de su deber de "impedir o paralizar" cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y les apercibe de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".
Además, el tribunal requiere a todos ellos que emitan los informes previstos en la ley y expliquen si las actuaciones parlamentarias que dieron lugar a la aprobación de las resoluciones "han contravenido la sentencia y los autos" antes mencionados.
