Hoy se celebra el Día Internacional de la Discapacidad, que este año tiene una significación más especial, al conmemorarse también el décimo aniversario de la aprobación por la ONU de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Todas las personas somos diferentes, únicas e irrepetibles. Nuestra existencia es un milagro, y nuestra desaparición una tragedia. Entre todos contribuimos a una vida plural, diversa, llena de matices. Y en esa diversidad conviven nuestras capacidades y nuestras discapacidades, nuestras habilidades y nuestras torpezas, pero todos somos necesarios, ninguno sobra.
La discapacidad está en nuestras vidas, pero no nos califica, no nos confina. Hawking, Beethoven, Van Gogh, Nash, Keller y tantas otras personas han alumbrado la vida de millones de seres, y nadie se atrevería a reducir su semblanza con el término “discapacitado”. Y lo mismo ocurre con infinidad de personas anónimas, que viven con sus limitaciones, que vivimos con nuestras limitaciones, pero que son mucho más que una circunstancia física o psíquica.
La Convención es sin duda el gran texto concerniente a los derechos humanos del siglo XXI, siendo su principal valor el de haber situado lo referente a la discapacidad en el terreno de los derechos humanos. La CDPD está basada en un modelo social de la discapacidad en el que esta no reside en la persona, sino en el entorno que no le permite desarrollar sus potencialidades. La discapacidad resulta, según esta concepción, de la interacción entre las capacidades de la persona y las barreras que plantean el entorno y las actitudes. Así, las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que las personas sin discapacidad siempre que aquella se construya sobre los valores del respeto y de la inclusión de todos.
La Convención lo dice con hermosas palabras, al destacar el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza.
Es perceptible el cambio que hemos experimentado en el modo de afrontar la discapacidad, habiéndose evolucionado desde una visión cargada de paternalismo hacia las personas con discapacidad, a las que era necesario tutelar en mayor o menor medida, hacia un sistema de potenciación de la autonomía individual. Dicho de otro modo, mientras que el sistema tradicional era un modelo de “sustitución” en la toma de decisiones, la propuesta de derechos humanos en la que se fundamenta la Convención se basa en la dignidad intrínseca de todas las personas y aboga por un modelo de “apoyo” en la gestión de los asuntos propios de cada persona.
Conscientes en el poder judicial de las barreras con las que muchas personas se encuentran para el acceso a la Justicia, nació en diciembre de 2003, en el seno del CGPJ, el Foro Justicia y Discapacidad, con la finalidad básica de coordinar las instituciones jurídicas del Estado para lograr una protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Este foro integra a todos los colectivos que formamos la comunidad jurídica, jueces, fiscales, abogados, graduados sociales, procuradores, notarios, registradores; y los ministerios de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como las organizaciones más representativas de la discapacidad, tales como la ONCE, Cermi y Plena Inclusión. Es mucho lo que se ha avanzado en los últimos años, debiendo destacar el firme compromiso de la judicatura con nuestro papel de garantes de los derechos humanos, particularmente los de las personas más vulnerables. Con nuestros aciertos y nuestros errores, pero reconocibles en la defensa de los valores que conforman el Estado Social y de Derecho. Creo, honradamente, que ello ha propiciado cambios importantes en el modo de entender y hacer efectivos los derechos de las personas. Siendo de justicia decir que esa transformación es el resultado de una obra coral, donde fiscales, abogados y miembros de la comunidad jurídica realizan aportaciones que enriquecen el debate y propician soluciones más justas. De todos modos, queda mucho camino por recorrer, pero vale la pena transitarlo porque, en esa andadura, descubriremos mucho de nosotros mismos y de quienes queremos ser.
