MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha apuntado este lunes que sería coherente promover una reducción de la figura de la acusación popular en España para avanzar de cara a un modelo de justicia penal en el que la investigación quede atribuida al fiscal, en sintonía con el sistema europeo.
En declaraciones a los medios tras reunirse con el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, el responsable de Justicia ha explicado que en esta legislatura se va a trabajar en la elaboración de un Código Procesal Penal que incluya, entre otros aspectos, medidas que tiene que ver con la asignación de la investigación de las causas penales al representante del Ministerio Público.
"Fruto del nuevo modelo de justicia penal al que vamos tendría sentido limitar drásticamente el papel de la acusación popular tanto los sujetos que la pueden ejercer como en qué condiciones y tipo de delitos", ha declarado el ministro quien ha asegurado que en Europa no existe el actual modelo de juez instructor y tampoco el de acusación popular.
Catalá se ha expresado en la misma línea que el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, quien esta mañana en un desayuno informativo ha afirmado sobre esta cuestión que partidos políticos y sindicatos no deben ejercer la acusación popular ya que esta personación en la causa se utiliza con el fin político de "aplastar" a la formación adversaria y, por tanto, "contamina" el procedimiento.
DÍALOGO PARLAMENTARIO
De cara a concretar este aspecto así como a trazar las líneas generales de la Estrategia Nacional con la Justicia, Catalá está manteniendo reuniones con los diferentes grupos parlamentarios con los que augura "una etapa de colaboración, diálogo, consenso y aprobación de reformas".
Al respecto se ha referido a unos encuentros mantenidos con los portavoces parlamentarios de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con los que ha analizado asuntos "compartidos" como la reforma del Código Procesal Penal, la puesta en marcha de un nuevo registro civil, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para revisar el sistema de designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la justicia civil, entre otros aspectos.
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