MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
"No estamos de acuerdo con que ningún ciudadano se quede sin luz eléctrica, es un derecho para todas las personas, pero tendremos que dialogar y coordinarnos para ver cómo llegamos a soluciones concretas porque hay una parte de la sociedad que es más sensible y otra menos. No solamente está en una voluntad política de querer hacer las cosas, por parte de la Plataforma del Tercer Sector, o el resto de grupos con representación parlamentaria, sino que tiene que haber una apuesta muy concreta de la sociedad y demandar que esas situaciones de injusticia no ocurran, y no queremos ver a ninguna persona fuera de los derechos básicos", ha declarado.
Según ha afirmado Poyato, el convenio servirá para que la Plataforma pueda seguir defendiendo los derechos sociales y, sobre todo, "para que cada día haya menos desigualdad y menos exclusión en este país". "Lo que hemos conseguido en estos últimos años es un grado de interlocución con el Gobierno, con los grupos de representación parlamentaria, con la sociedad, pero nos hacía falta también tener un grado de relación con otras vías del Estado, que es el poder judicial", señala Poyato, que indica que para salir de la crisis hará falta "diálogo" y "valores".
"Hay muchas situaciones en este país que se judicializan, fundamentalmente, por problemas de comunicación o porque la gente no sabe solucionar los problemas de otra manera, llegan a los juzgados y, evidentemente, los juzgados están haciendo de más ante toda esta situación", continúa.
Con este convenio, la Plataforma pretende tener conocimiento de cuáles son los mecanismos de justicia españoles y cómo se desarrollan, así como mejorar la gestión de los recursos que tienen las ONG, sobre todo sus recursos humanos. "Nosotros tenemos que ver cómo funciona el mecanismo de todo lo que es una instrucción penal o civil, de cómo se llega a una sentencia, de si hay medidas alternativas o no, de los procesos de observatorio que ya tiene el propio Poder Judicial, como es el Observatorio de la Violencia de Género...", ha especificado. Igualmente, con el convenio la Plataforma pretender atender "con mayor calidad" a las personas que defienden.
CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD SOCIAL
El convenio pretende el establecimiento de una estrategia institucional común; contribuir al conocimiento de ambas partes; organizar cursos, jornadas y seminarios que sean de interés común; fomentar el intercambio recíproco de información sobre tema de investigación, libros, publicaciones e informes; y promover el debate e intercambio de experiencias.
"Para los magistrados y jueces, este convenio también es un inicio a la hora de ver cuál es la realidad social, cuál es la problemática, cuáles son las causas de la pobreza y cuáles son las causas de la exclusión", indica Poyato, que destaca que el primer objetivo de este acuerdo es que ambas instituciones se conozcan.
Por otro lado, el máximo representante de la Plataforma ha incidido en que es la sociedad la que también ha de tener una concienciación con este tipo de situaciones de exclusión social, y la que "demande" soluciones a la representación política. "No queremos ver a ninguna persona fuera de los derechos básicos", ha reivindicado Poyato, que también ha destacado que es "la primera vez en la historia" que una parte de la sociedad civil firma un convenio con este órgano judicial.
Por su parte, Lesmes ha afirmado que el órgano de gobierno de los jueces "no debe perder de vista la vertiente social que está en la esencia de toda actividad pública". "La igualdad y la defensa de los derechos de las personas más vulnerables ha de ser también parte importante de nuestra actividad", ha señalado.
A día de hoy, la Plataforma está compuesta por 20 organizaciones, representa a cerca de 30.000 entidades del Tercer Sector, de las que forman parte 645.000 trabajadores y 1,3 millones de personas voluntarias, atiende a más de siete millones de personas en distintas situaciones de exclusión.
