MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
En el mismo, los fiscales han sostenido que "la información disponible supone una base razonable para creer que, durante los interrogatorios de los detenidos (...) miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de la CIA recurrieron a técnicas que equivalen a crímenes de guerra".
Así, han detallado que "miembros de las Fuerzas Armadas parecen haber sometido al menos a 61 detenidos a torturas (...) entre el 1 de mayo de 2003 y el 31 de diciembre de 2014", añadiendo que "la mayoría de los abusos habrían tenido lugar en 2003 y 2004".
"Miembros de la CIA habrían sometido al menos a 27 detenidos a torturas (...) en el territorio de Afganistán y otros estados parte del Estatuto de Roma --principalmente Polonia, Rumanía y Lituania-- entre diciembre de 2002 y marzo de 2008", han manifestado.
"La mayoría de los abusos habrían tenido lugar entre 2003 y 2004", han puntualizado, mismo espacio temporal de la mayoría de los supuestos abusos cometidos por las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Los fiscales han apuntado además que "estos presuntos crímenes no fueron abusos de unos pocos individuos", argumentando que "parecen haber sido cometidos como parte de técnicas de interrogatorio aprobadas en un intento por extraer 'datos de Inteligencia' a los detenidos".
"La oficina considera que hay una base razonable para creer que estos presuntos crímenes fueron cometidos en aplicación de una política o políticas destinadas a sonsacar información a través del uso de técnicas de interrogatorio que incluían métodos crueles o violentos que apoyarían los objetivos de Estados Unidos en el conflicto en Afganistán", han explicado.
CRÍMENES POR PARTE DE LOS TALIBÁN Y LAS FUERZAS AFGANAS
El documento apunta también a la existencia de pruebas sobre la comisión de crímenes de guerra por parte de los talibán y las fuerzas de seguridad de Afganistán.
En concreto, los fiscales han responsabilizado a los talibán y sus grupos afiliados de ser responsables de la muerte de más de 17.000 civiles entre enero de 2007 y diciembre de 2015.
"Desde mayo de 2003, los grupos insurgentes han sido presuntos responsables de numerosos ataques contra objetos protegidos, incluidas escuelas, oficinas gubernamentales, hospitales, mausoleos, mezquitas y organizaciones humanitarias", han recogido.
"Hay una base razonable para creer que los talibán y sus afiliados han cometidos los crímenes de asesinato, encarcelamiento o privación de la libertad física, y persecución contra grupos o colectividades por motivos políticos o de género", han detallado.
En el caso de las fuerzas de seguridad, los fiscales del TPI han señalado que "múltiples fuentes han informado sobre la existencia de torturas en los centros de detención del Gobierno afgano".
"Esta conducta refleja un patrón de presunta criminalidad que se retrotrae al comienzo del conflicto en 1978, momento desde el cual persiste un estado de total impunidad", han argumentado.
En este sentido, han señalado que "se calcula que entre el 35 y el 50 por ciento de los detenidos por su relación con el conflicto son sometidos a torturas en los centros de detención de Afganistán".
"Existe una base razonable para creer que las autoridades afganas han cometido crímenes de guerra por tortura, tratos crueles y violación", han remachado.
Por último, los fiscales del TPI han recalcado que, una vez analizados los casos, y dada la gravedad de los crímenes y los intereses de las víctimas, "no hay razones de peso para creer que la apertura de una investigación no irá a favor del interés de la Justicia".
