PALMA DE MALLORCA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
En su sentencia, el magistrado que presidió el juicio celebrado la semana pasada señala que, pese a las necesidades de tesorería del Ayuntamiento, "ningún control ni verificación" se llevó a cabo desde la tesorería a la labor recaudadora y de custodia que realizaba la acusada. La Fiscalía reclamaba seis años de cárcel para la inculpada.
En concreto, la funcionaria, auxiliar administrativa, era la encargada de tramitar los expedientes de infracción urbanística y entre sus funciones se encontraba la de cobrar los importes de las multas impuestas. Tras ello, la acusada debía ingresar el dinero en el banco, en la cuenta corriente del Consistorio.
Atendiendo a las conclusiones del jurado que durante la semana pasada se encargó de juzgar a la acusada, el magistrado rebate el argumento del Ayuntamiento -personado como acusación particular- de que el Consistorio sólo conocía que los pagos se habían efectuado una vez la funcionaria ingresaba en el banco el dinero cobrado de las infracciones.
"Ello no es del todo exacto", responde el magistrado, Diego Gómez Reino: "Sí que es cierto que el control contable de esos pagos sólo se realizaba una vez se constataba el ingreso bancario, pero no es verdad que el Ayuntamiento ignorase -sí los políticos, tal vez, pero no los funcionarios (el tesorero y la secretaria), así como otros compañeros de trabajo de la acusada- que ésta cobraba en metálico y que entregaba facturas para justificar estos pagos".
La resolución judicial incide en que el Consistorio no llevaba un control del departamento de disciplina urbanística, de modo que "se ignoraba aquellos expedientes en los que no había pagos y, por tanto, ingresos, y asevera que esa falta de contabilidad impedía y dificultaba verificar la corrección de las deudas y de su seguimiento, tanto de los pagos como de los impagos.
NINGÚN INDICIO TIENE "ESPECIAL FUERZA INCRIMINATORIA"
El magistrado subraya que ninguno de los indicios vertidos en la causa tienen "especial fuerza incriminatoria". Es más, recuerda, el perito que declaró en el juicio, "prueba clave en el plenario en razón a la imparcialidad que se le presupone y de la que ha de partirse, no fue capaz de asegurar, siquiera, que el dinero que se decía apoderado por la acusada efectivamente hubiera llegado a faltar de las arcas municipales".
Durante su declaración en la vista oral, la inculpada manifestó que "trabajaba a salto de mata" y que a veces llevaba "un volumen tan grande de trabajo que guardaba el dinero en el cajón" y ordenaba a un compañero que "lo ingresara". En esta línea, insistió en que, entre otros numerosos asuntos, se encargaba de los contenciosos del Ayuntamiento, la agenda de los técnicos y de estar pendiente de las ordenanzas municipales.
La defensa de la acusada, ejercida por el abogado Jaime Campaner, solicitaba la libre absolución de su patrocinada al alegar que no cometió delito alguno y aseverar que si se cometió, ella no es la autora. "Las cosas son las que son, no las que queramos que sean, y verdad sólo hay una", llegó a manifestar el letrado durante la vista oral.
Durante la lectura del veredicto, el jurado manifestó que no ha quedado probado que las cantidades que no fueron ingresadas en el Ayuntamiento se las quedara la funcionaria, momento en el que ésta rompió a llorar, abrazándose a su letrado.
De hecho, los miembros del jurado determinaron que era tal el "descontrol" que había en el Consistorio que en el caso de los sobres con dinero localizados en un archivador en la mesa de la acusada, no ha quedado demostrado que los pusiera ella para quedarse con los fondos. "No podemos asegurar la culpabilidad de la acusada", sentenciaron.
En su comparecencia, la encausada aseguró tajante que no se quedó "con ninguna cantidad": "Para mí estaba todo bien, pero lo que se ve algo falta. Tenía muchísimo trabajo y a lo mejor no presté la atención que debía". No obstante, ha incidido entre lágrimas en que no se apropió de ningún importe.
En cuanto a la dinámica del cobro de las sanciones, explicó que se le ofrecía al interesado ingresar el dinero al banco o pagar en metálico. Una vez ella recibía el importe, lo llevaba al área de intervención, si bien desde el año 2007 comenzó a ingresarlo directamente en el banco.
"NI SIQUIERA LAS ACUSACIONES SE PONEN DE ACUERDO ENTRE SÍ"
Por su parte, su abogado recriminó ante los miembros del jurado encargados de enjuiciar la causa la "escasa consistencia" de la acusación: "No es seria". De hecho, hizo hincapié en que ni siquiera las acusaciones "se ponen de acuerdo entre sí, no están seguras".
"El Ministerio Fiscal sorprendentemente se descuelga y habla de 65.000 euros", remachó, incidiendo en que "esto no es una película, sino la vida real, en la que se gana y se pierde y la Fiscalía también pierde. Es una persona de carne y hueso y por tanto no está en posesión de la verdad absoluta, puesto que si la tuviera no habría jueces ni jurados".
