MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La actuación ante las desobediencias de resoluciones del Tribunal Constitucional por parte de cargos públicos de Cataluña y la proyectada reforma procesal serán dos de los principales retos a los que tendrá que enfrentarse el actual magistrado de lo Penal del Tribunal Supremo José Manuel Maza de ser finalmente designado como fiscal general del Estado en sustitución de Consuelo Madrigal.
Madrigal ha venido actuando con contundencia respecto al primero de estos desafíos, y además de impulsar las querellas contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros altos cargos por la consulta del 9-M sobre la independencia de Cataluña ha respondido de forma precisa al requerimiento que le ha realizado el Tribunal Constitucional en aplicación de las nueva reforma de la Ley Orgánica que regula este órgano, y que le dota de instrumentos de ejecución de sus resoluciones en los casos en los que han sido incumplidas.
Las novedades de la norma se han aplicado por el momento a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, a quien ya se investiga, tras la presentación de la preceptiva querella del Ministerio Público, por incurrir en una presunta desobediencia al permitir que se debatieran y votaran en la Cámara catalana las conclusiones para fijar la hoja de ruta de la ruptura con España. No se descarta que en un futuro próximo puedan producirse nuevas desobediencias, lo que obligaría a Maza a actuar.
Una vez sea designado, Maza está llamado a colaborar con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la consecución de una Estrategia Nacional de Justicia, a modo de pacto de Estado que trascienda de un mero acuerdo entre partidos para aglutinar el consenso de todos los operadores jurídicos, entre los que se encuentran claro está los miembros de la Fiscalía.
La reforma del Código Procesal Penal es otro de los aspectos que necesitan una "reforma profunda" y de aprobarse, Maza deberá aplicar las novedades a la actuación de los miembros de su departamento. Aún está por ver si ésta reforma conlleva la atribución a la Fiscalía de la instrucción penal, lo que conllevaría un cambio sustancial en el modo de trabajo de los fiscales españoles.
LA FIGURA DE LA ACUSACIÓN POPULAR
Otro de los aspectos de la reforma procesal que podría afectar a la Fiscalía sería la posible desaparición de la acusación popular, una figura muy cuestionada por la actual fiscal general pero que podría no despertar tantas antipatías a Maza, que fue uno de los pocos magistrados del Supremo que se opuso en su día a la aplicación de la denominada 'doctrina Botín".
Esta doctrina jurídica conllevó el archivo, en diciembre de 2007, de la causa abierta al entonces presidente del Banco Santander Emilio Botín en el caso denominado 'cesiones de crédito'. Se estableció entonces que, en función de si los delitos tienen o no carácter público, no bastaba la única petición de la acusación popular para abrir juicio oral y sentar a los acusados en el banquillo.
Sobre este asunto Maza consideró junto a otros cuatro compañeros del alto tribunal que debía haberse estimado el recurso de las acusaciones que pedían continuar el procedimiento y que a su juicio debería ser, precisamente en casos en los que no acusa el fiscal ni el abogado del Estado cuando "más debería hacerse valer" el derecho a ejercer la acusación de los ciudadanos a través de la acción popular.
Otro de los aspectos procesales que han sido criticados por los Fiscales es la implantación de los plazos máximos de instrucción tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que obligó a las Fiscalías a realizar un ímprobo esfuerzo de clasificación de todas las causas pendientes en simples o complejas. Esta por ver si ésta limitación del tiempo de investigación de las causas penales se mantiene en el caso de aprobarse el nuevo Código Procesal Penal.
A estos retos se añade la necesidad de continuar avanzando en el proceso de digitalización de la Justicia, para evitar la dependencia del papel. El departamento de Madrigal denunció a comienzos de año disfunciones en este sistema que obliga a presentar todos los escritos en los juzgados de forma telemática.
