JAÉN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
En concreto, según recoge la sentencia a la que ha accedido Europa Press, se le condena por un delito de apropiación indebida y otro delito societario, mientras que se le absuelve del delito de estafa del que le acusaba la acusación particular.
Además, se le condena al pago de parte de las costas procesales, al tiempo que se absuelve a las cuatro personas que se sentaron con él en el banquillo.
La sentencia establece como hechos probados que durante la campaña 2011/2012 y 2012/2013, E.E.G. "dispuso sin el consentimiento ni el conocimiento de los cosecheros del aceite existente en las bodegas vendiéndolo a terceras personas no identificadas y adueñándose de las cantidades de venta".
Señala que el ya condenado tenía como práctica habitual pagar con la cosecha del año la cosecha del año anterior. "Todo este entramado se cayó cuando en la temporada 2012/2013 hubo una cosecha catastrófica, menos del diez por ciento de la anterior, y con su venta no pudo abonar la anterior que según todos los testigos fue de las mejores del siglo".
E.E.G. negó en el juicio todos los cargos y se defendió argumentando que en ningún momento fue consciente de que se debiera tanto dinero. "Fuimos arrastrados por una serie de desfases sin ser conscientes de ello", dijo E.E.G.
Asimismo admitió conocer, al igual que según él lo eran el resto de socios, que los libros contables y las cuentas no estaban presentadas reglamentariamente, pero eso, en su opinión, "no era un pecado mortal".
Admitió que cuando supo la situación real de la empresa todo su interés fue "seguir luchando por conseguir más kilos de aceituna para pagar y hacer frente a esa situación", pero ya fue demasiado tarde y la empresa entró en concurso de acreedores.
"Siento en el alma todo lo que ha pasado porque yo no he buscado esto", dijo E.E.G. y atribuyó los desfases a cuestiones como que la aceituna se pesara mojada o incluso a que le había costado mucho "amoldarse" al cambio de pesetas a euros hasta el punto de que "he confundido euros con pesetas".
Para ocultar su práctica, no reflejó en la contabilidad de la mercantil la verdadera situación de la entidad y además no depositó en el Registro Mercantil las cuentas del ejercicio de 2011 y depositó fuera de plazo las cuentas de los ejercicios comprendidos entre 2007 y 2010. Tampoco cumplió con la obligación de legalización de los libros y en la contabilidad "se realizaron diversos ajustes contables que no reflejaban una imagen fiel de la sociedad".
En febrero de 2013, el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Jaén declaró a la sociedad de la almazara en concurso necesario de acreedores. En diciembre de 2013, la junta de acreedores, formada en su mayoría por los cosecheros, aceptaron convertir sus créditos en acciones de la sociedad y así hacerse los dueños de la almazara para intentar recobrar su dinero.
