MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
En declaraciones a Europa Press Miguel Pallarés, portavoz de APIF, ha indicado que hay aspectos que consideran "realmente urgentes" y que hay que poner sobre la mesa una hoja de ruta "muy clara", de cara a impulsar un pacto por la Justicia. También proponen que se incluya más dotación de medios en la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción.
Además, apuestan por la supresión de aforamientos, por la transparencia de actuación del Fiscal General del Estado, porque se tramite con preferencia las causas relacionadas con la corrupción y delincuencia económica y se elabore una reglamentación más detallada del estatuto penal y procesal de las personas jurídicas.
Pallarés ha manifestado al respecto que solicitarán un encuentro "lo más rápidamente posible" con el ministro de Justicia que designe el recién nombrado presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que a finales de esta semana dará a conocer los nombres de su nuevo equipo, entre los que podría figurar el del actual responsable de Justicia en funciones, Rafael Catalá.
Al nuevo ministro le trasladarán este decálogo en el que le proponen también reducir los plazos de ejercicios de los consejeros del Tribunal de Cuentas, actualmente con mandatos de nueve años, la prohibición por ley de que las Corporaciones Locales puedan contratar abogados externos en labores de asesoramiento, y respecto al sistema digital Lexnet que la documentación obtenida en registros pase del Ministerio al Poder Judicial.
La Asociación Profesional de Fiscales apuesta también por que se declare "una lucha sin cuartel" contra los paraísos fiscales, se pidan responsabilidades por su gestión a los fiscales jefes en la lucha contra la corrupción y se establezcan unos "protocolos claros de asignación" de asuntos a la Fiscalía Anticorrupción, al margen de que la decisión final recaiga en el fiscal general.
PROHIBIR INDULTOS PARA DELITOS DE CORRUPCIÓN
En relación a este punto el colectivo demanda que se instaure un sistema completo de protección a funcionarios y personas que denuncien casos de corrupción y se establezca una responsabilidad civil a quienes hayan designado directamente a personas que hayan sustraído o defraudado caudales públicos mediante prácticas de corrupción.
La tipificación como delito de malversación de caudales públicos la donación en negro de cantidades de dinero a partidos políticos por quienes en un periodo de cinco años anteriores o de dos posteriores hayan contratado con las administraciones así como la prohibición de suspensión de penas hasta la devolución total de lo sustraído en casos que afecten al erario público.
APIF propone además que se eleven las penas para ciertos delitos económicos o de corrupción especialmente en sus tramos inferiores para evitar que estos puedan ser castigados con penas "excesivamente bajas" y que se prohiban indultos para delitos de corrupción sin excepciones.
