Así, Catalá ha apelado a la capacidad de la abogacía para ofrecer respuestas desde el consenso a la reforma integral de la Justicia, pendiente desde los tiempos de la Transición. Para el ministro, es la misma democracia la que necesita de la abogacía, pues de su compromiso, vocación y entrega depende el sostenimiento de algunos de los pilares básicos de nuestra Constitución, como son el imperio de la ley, la igualdad de todos ante ella, la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia y las garantías procesales, entre otros.
En este sentido, Rafael Catalá ha señalado también a la abogacía como uno de los principales puntales para el éxito de la gran apuesta tecnológica realizada en los últimos años con vistas a conseguir una Justicia avanzada, digital, abierta y accesible para las generaciones futuras que ya pertenecen a un mundo completamente digital.
De esta forma, entre los logros alcanzados el ministro ha destacado los 50 millones de comunicaciones realizados electrónicamente, la reducción del periodo de presentación y notificación de documentos en los juicios ordinarios de 60 a 19 días, el ahorro de 393 millones de euros en desplazamientos, tiempo y papel, la mejora de la accesibilidad a una Justicia de 24 horas, las casi 14.000 subastas judiciales electrónicas realizadas vía BOE o las casi 95.000 inscripciones de nacimientos en los registros civiles desde los hospitales.
Además, el ministro de Justicia ha repasado algunas de las múltiples reformas aplicadas en la anterior Legislatura, en un esfuerzo normativo sin precedentes, ha dicho, para proporcionar a nuestro país nuevas herramientas de gestión, legislativas y procesales que han devuelto a España la credibilidad y fiabilidad necesaria para convertirla en una de las economías más atractivas y dinámicas del mundo gracias a la seguridad jurídica, que es uno de los principales factores de competitividad.
Reformas como la de la Ley Orgánica del Poder Judicial inciden en un mejor reparto de las cargas de trabajo en los juzgados, mientras que las referentes al Código Penal o a la Ley de Enjuiciamiento Criminal contemplan nuevos delitos, penas y herramientas para luchar contra fenómenos novedosos como el cibercrimen. Igualmente, Catalá se ha referido a las reformas dirigidas a las personas, como la Ley de Segunda Oportunidad, la del Estatuto de la Víctima, la norma que regula el nuevo Baremo de Accidentes o la reforma del sistema de protección de menores.
Una cuestión tan grave para la propia democracia como es la corrupción, ha señalado el ministro, también ha tenido la mayor respuesta que nunca se le había dado en este país a dicho fenómeno, tanto en ámbitos públicos como privados. La autorregulación, basada en la fórmula del compliance y la colaboración empresarial son factores clave en ese intento; además, se han endurecido las penas, dificultando la corrupción en los partidos y la gestión pública y se ha hecho una regulación del decomiso a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que ya ha reportado unos ingresos de 23 millones de euros durante los primeros seis meses del año.
