CÓRDOBA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados condenan a A.J.G.R., propietario de una empresa de carpintería metálica, como autor de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial, y como cooperador necesario de un delito continuado de estafa, con las circunstancias atenuantes de confesión del hecho, de dilaciones indebidas --muy cualificada-- y analógica de confesión tardía.
Mientras, R.S.C., quien fuera funcionario administrativo del Ayuntamiento de Baena y secretario del alcalde, y J.D.P., funcionario administrativo del Consistorio baenense, son condenados como autores por cooperación de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial, y como autores de un delito continuado de estafa, con las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas --muy cualificada-- y analógica de confesión tardía.
Al respecto, dichos procesados, además de las penas de un año de prisión, también han sido condenados a un año y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer la función del cargo que desempeñaban en el Ayuntamiento en el momento de los hechos. Asimismo, los jueces condenan a los tres acusados a que solidariamente indemnicen al Consistorio de Baena en la cantidad de 10.061,70 euros.
En concreto, la sentencia, adelantada por la prensa provincial, considera probado que los dos funcionarios "tramaron un plan para enriquecerse de manera ilegal a costa del dinero público del Ayuntamiento de Baena", de modo que el secretario del alcalde "se ofreció a dar un trato de favor" al propietario de la empresa que realizaba obras menores para el Consistorio.
En este sentido, el acuerdo era que le agilizaba el cobro de las facturas presentadas al Ayuntamiento siempre que el empresario realizara "facturas artificiales" por las cantidades que le indicaban los funcionarios, siempre "por trabajos que no iba a realizar y por cantidades de materiales que no iba a usar". Una vez que el empresario cobrara el importe de las facturas y descontara el importe del IVA, "entregaría en mano la cantidad restante" a los funcionarios.
De esta forma, actuaron desde el año 2005 al 2007 y obtuvieron "de manera ilegal por este procedimiento" la cantidad de 24.549 euros, "si bien la cantidad real habrá de determinarse tras restar las cantidades de materiales no utilizados en la realidad", según se indica en la resolución judicial, que detalla que el 20 de julio de 2007 el empresario relató los hechos "espontáneamente" a la Guardia Civil y su declaración dio lugar a la investigación que originó este procedimiento.
"ENOJOSA TARDANZA"
Cabe señalar que la sentencia contempla para el empresario la atenuante de confesión y para los tres la de confesión tardía, tras el acuerdo con la Fiscalía que evitó el juicio con jurado al reconocer los hechos. El Ministerio Público redujo su petición hasta los seis meses de prisión para cada uno de los acusados tras llegar a una conformidad parcial, a la que no se sumó la acusación particular.
Además, en los tres casos se aplica la atenuante de dilaciones indebidas. Al hilo de ello, en la sentencia se apunta que la tramitación se ha prolongado por espacio "nada menos que de nueve años, sin que ello sea imputable a los acusados", a lo que se añade que el juicio pudo celebrarse en el año 2010, pero por una cuestión procesal no lo ha sido hasta ahora.
"Más de seis años de enojosa tardanza que ha repercutido por obvias razones en las circunstancias personales de los acusados, pues es innegable la proyección mediática del caso debido a los tintes políticos que presenta, lo que ha traído como consecuencia un evidente daño por la prolongación indebida del proceso", según remarcan los magistrados.
Como se recordará, los dos empleados municipales lamentaron en el juicio que en los nueve años del proceso han sufrido "mucho", cuando, según uno de ellos, "no hemos hecho nada" de lo que menciona la acusación, mientras que el otro trabajador agradeció "la solución dentro de lo malo".
