¿PUEDE HABER RECONCILIACIÓN SIN REPARACIÓN?
El no del pueblo colombiano al reciente acuerdo entre el Gobierno y el grupo armado de las FARC pone de relieve alguna debilidad del propio acuerdo y sobre todo errores de bulto al convocar de forma precipitada el referéndum. La paz es un bien común global indiscutible. Sin duda; pero tiene siempre un precio. Poner fin a un largo y brutal conflicto armado interno debe concitar el apoyo de todo ciudadano de bien; este argumento arrojó al gobierno a un rápido plebiscito que saldara las cuentas del conflicto. Los populistas creen que todo se puede poner a votación. Y hay bienes como la paz (Colombia), la unidad nacional y el territorio (España), o el bienestar y seguridad propia y ajena (Reino Unido), o qué es o no delito, o los derechos humanos (Hungría, Suiza), que no pueden quedar al albur de mayorías plebiscitarias. Los romanos establecieron bienes extra commercium tan protegibles que no podían someterse o modificar por acuerdo de los humanos.
La demagogia triunfalista cegó al Gobierno. En su apresuramiento pusieron los bueyes antes que el carro; apelaron a la complicidad del pueblo para bendecir un complejo acuerdo cuyo buen propósito es laudable. Si tenían planificado el referéndum, ¿por qué firmarlo como norma consumada en un artificial clima exultante en Cartagena de Indias? Hubiera bastado la firma efectiva del texto en La Habana (24 de agosto). Dieron poco tiempo para conocer un acuerdo, sin duda laborioso, de 300 páginas y fomentar su conocimiento.
El Acuerdo es muy complejo y en su mayoría con partes de calado muy positivo o no problemático para los valores éticos y cívicos. Pero con un gran talón de Aquiles: la justicia ad hoc y la laxa sanción de crímenes masivos. Esto, si se pone a votación, debió ser explicado y justificado a la ciudadanía. Más allá de los errores tácticos, la clave es ajustar los costes del acuerdo de paz, los materiales o tangibles y los intangibles de los valores. Y ahí está la gran debilidad del acuerdo y la división de los votantes y, posiblemente, la abstención repulsiva de otros a un acuerdo de olvido a las víctimas, más allá de la retórica reiterativa, y pasar página pronto a crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados por los tres contendientes del conflicto armado: el grupo rebelde, los paramilitares, y el ejército y policía colombianos. Lo sucedido allí en estos años ha sido claramente un conflicto armado interno al que le era aplicable el art. 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II de 1977. Desde luego, aquel conflicto armado interno no es asimilable a situaciones de violencia terrorista pura y dura, como las vividas en Europa, incluida España. Hay criterios legales que permiten identificar un conflicto armado interno (Protocolo II): enfrentamientos generalizados, carácter abierto de las operaciones militares, volumen y organización de las fuerzas y grupos armados en presencia, división y control sobre un territorio, duración del conflicto, etc. Todos los reunía el conflicto colombiano.
Otra cosa es que en ese conflicto armado las FARC acudieron de forma sistemática y constante a métodos terroristas y a crímenes de guerra y de lesa humanidad (asesinato indiscriminado de civiles, violación de mujeres, reclutamiento de niños y forzado de adultos). Tampoco se limitaron las fuerzas gubernamentales, ni los paramilitares (contratados por los hacendados y ganaderos que estimaban floja la respuesta gubernamental) a combatir objetivos militares, es decir, rebeldes y sus efectivos materiales, sino que arrasaron con todos los civiles que tenían la desgracia de vivir en las zonas ocupadas por los rebeldes o que clamaban en las ciudades por el respeto a normas de derechos humanos. Varios millones de campesinos se refugiaron en Bogotá para huir de las zonas del conflicto, cayendo en la marginación o en la delincuencia. En la época del siniestro presidente Uribe se mataba en cifras insospechadas a civiles y se les contabilizaba sin más como rebeldes para hinchar las estadísticas de su victoria.
Por ello, no es de extrañar que altos mandos de las Fuerzas Armadas colombianas hayan participado activamente en las negociaciones y defiendan el acuerdo. Sobre todo el acuerdo que conlleva de facto “borrón y cuenta nueva” para todos. El perdón y la reconciliación son imprescindibles para cerrar todo conflicto armado. El citado Protocolo II establece que “las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en conflicto armado” (art. 6.5). Francisco de Vitoria hace casi cinco siglos, desde la Universidad de Salamanca en su obra De iure belli, ya recomendaba al vencedor proceder con moderación, pero también castigar a los dirigentes pues “las más de las veces toda la culpa es de los príncipes, porque los súbditos pelean por su príncipes de buena fe”.
¿Es suficiente, como dice la parte del Acuerdo sobre el Sistema Integral de la Verdad, “conocer la Verdad de lo ocurrido”, esclarecer las infracciones y “ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad” sin que se pueda “implicar la imputación penal de quienes comparezcan” ni la información pueda ser trasladada a autoridades judiciales ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”?
El acuerdo sobre reparación reconoce, de forma muy correcta, ciertos crímenes no amnistiables (graves crímenes de guerra y los de lesa humanidad como secuestros o asesinatos masivos. Exime las actuaciones gubernamentales que se limitaron a las “reglas de enfrentamiento” (es decir, a cumplir con su deber de respeto a la ley, tan obvio que no debió incluirse). En relación con los delitos amnistiables, tras pasar por un procedimiento prolijo y frustrante, basta reconocer lo hecho para obtener el perdón con sanciones simbólicas. Para juzgar y obtener el perdón, de los delitos amnistiables y no amnistiables, se inventa una compleja “Jurisdicción Especial para la Paz” que apenas se ha podido explicar al pueblo colombiano por ser una tela de araña: la impresión es que se pretende el blanqueo de todos los delitos. Todo un complejo sistema con las normas del debido proceso para constatar judicialmente hechos criminales, pero con las menores consecuencias sancionadoras. Complejo teatro.
Los crímenes no amnistiables se saldarían, si son previamente reconocidos, con sentencias “reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento”. Por el contrario, “cuando no exista reconocimiento de verdad y de responsabilidad” la sentencia será conforme a las normas penales (entre 15 y 20 años), “sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad”. Justicia sí, pero demasiado blanda para reparar tanto crimen.
La justicia específica para juzgar situaciones de violaciones masivas (justicia transicional) es recomendable para todas las situaciones de conflicto, aunque el sectarismo ideológico sólo las reclame para crímenes de grupos supuestamente relacionados con la izquierda. En Argentina, Camboya, Ruanda o Chile no se admitió la justicia transicional y se comprende bien. En España, pasados 75 años de la Guerra Civil, todavía hay partidos y grupos sociales empeñados en pedir responsabilidades penales por la guerra y posguerra. El Acuerdo colombiano, aunque haya embarrancado temporalmente, debería servir de ejemplo para situaciones similares que ponen fin a conflictos armados.
Hay razones para creer que no se volverá a las armas; la Unión Europea ya ha excluido a las FARC de la lista de grupos terroristas y de sus sanciones. Lo que importa, tras el esfuerzo de años, es que ese Acuerdo es algo más que un punto de partida si bien requiere algunos arreglos desde la justicia y la ética. La paz y la reconciliación tienen un precio que hay que explicar y no ocultar con enmarañados procedimientos de falsa expiación.
