CÓRDOBA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
Al respecto, la Fiscalía ha llegado a un acuerdo con los acusados: R.S.C., funcionario administrativo del Ayuntamiento de Baena y secretario del alcalde; J.D.P., funcionario administrativo del Consistorio baenense, y A.J.G.R., propietario de una empresa de carpintería metálica, tras reconocer los hechos.
En este sentido, el Ministerio Público ha solicitado seis meses de cárcel para cada uno de ellos, unos 10.000 euros de responsabilidad civil "solidaria y conjunta" y un año de inhabilitación, por la supuesta comisión de delitos continuados de estafa en concurso medial con falsificación de documento mercantil y oficial, y la aplicación de atenuantes de dilaciones indebidas en el proceso y confesión de los hechos.
En su calificación inicial, pedía que se condenara a los tres procesados a seis años de prisión y, en cuanto a la responsabilidad civil, debían indemnizar, "conjunta y solidariamente", al Ayuntamiento de Baena en la cantidad de 37.434 euros, que son los que presuntamente han estafado mediante el cobro al Consistorio de once facturas por trabajos que, supuestamente, no se realizaron.
Tras ello, las defensas se han adherido a las peticiones de la fiscal del caso, advirtiendo de que este proceso "se podía haber acabado en enero de 2011" y "los retrasos no son imputables a los acusados", que durante la causa "han sufrido daño" por la repercusión del caso, de manera que han subrayado que el acuerdo está "inteligentemente pactado" y de manera "objetiva".
Al hilo de ello, los dos empleados municipales han lamentado que en los nueve años del proceso han sufrido "mucho", cuando, según uno de ellos, "no hemos hecho nada" de lo que menciona la acusación, y el otro trabajador ha agradecido "la solución dentro de lo malo".
Mientras, la acusación ha solicitado que se condene a cada uno de los dos trabajadores municipales a nueve años de prisión, además de que se les imponga una multa de unos 27.000 euros y responsabilidad penal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal, en caso de impago, y que se hagan cargo también de las "costas de la acusación popular".
LOS HECHOS
En concreto, según los hechos investigados, A.J. realizaba desde el año 2000 obras menores para el Ayuntamiento y mantenía una relación continua y habitual con el Consistorio, para el cual realizaba dichas obras en el cementerio, en calles, en instalaciones deportivas y en otros espacios públicos y presentaba continuamente facturas.
Mientras, el secretario del alcalde supuestamente se ofreció a "dar un trato de favor" a A.J. para "agilizar el cobro de las facturas" presentadas al Ayuntamiento por las obras realizadas siempre que el empresario realizara facturas por las cantidades que le indicaran, tanto el secretario, como el otro funcionario acusado, "a nombre del Ayuntamiento de Baena por trabajos que no iba a realizar y por materiales que no iba a usar".
Todo ello, presuntamente lo realizaban "cuidando que las facturas se refirieran a obras menores o de urgencia, o suministro de materiales de escasa cuantía", con el fin de "obviar el correspondiente expediente de contratación conforme a lo dispuesto en la legislación administrativa aplicable".
Una vez que el acusado A.J. cobrara el importe de las facturas y descontara el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), presuntamente entregaría en mano la cantidad restante a los otros dos acusados. La instrucción llevada a cabo por el juez de Baena aporta facturas de estos hechos de los años 2005, 2006 y 2007, en un procedimiento, que consta de más de 16 tomos de instrucción.
