PALMA DE MALLORCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los magistrados han desestimado así el recurso presentado por la promotora de gran superficie contra la administración autonómica, al considerar que el acto administrativo impugnado, adoptado el 24 de noviembre de 2014, se adecua al ordenamiento jurídico.
Según la sentencia, en el momento en que se solicitó la licencia (agosto de 2014) y cuando el Govern la denegó, el desarrollo urbanístico del suelo no permitía su ejecución.
La Sala recuerda que la administración tiene la potestad de conceder o denegar una licencia de estas características. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
