MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha extendido la reclamación de información que en junio hizo el magistrado del mismo órgano Santiago Pedraz sobre las subvenciones y convenios otorgadas a Ausbac a las Consejería de Sanidad y Consumo y de Hacienda de Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía, así como a los ayuntamientos de Sevilla y Salamanca, en el marco de la investigación de la trama de extorsión y amenazas que presuntamente dirigía junto a Manos Limpias.
En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, Abascal, en sustitución de Pedraz por las vacaciones de verano, acepta la solicitud de la acusación popular, ya que estima "útil y pertinente" requerir esta documentación a estas administraciones para "ampliar" la investigación.
De este modo, dice "completar" la providencia que el 17 de junio hizo el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional en el que ordenó a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad y a las consejerías de Economía y Hacienda, Empleo y Mujer y Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid poner a disposición de la Policía "toda la información" relativa a ayudas concedidas a Ausbanc Consumo, Ausbanc Empresas y Auscanc Madrid.
En este caso, autoriza a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a que recabe "cualquier información y documentación complementaria" que considere necesaria para la investigación.
Asimismo, pide, al igual que hizo Pedraz, que los gobiernos balear, gallego, valenciano y andaluz y los consistorios sevillano y salmantino entreguen a la unidad de investigación toda la información relativa desde el año 2004 hasta la actualidad de las ayudas concedidas, incluyendo las convocatorias de las mismas, a Asubanc Consumo y Ausbanc Empresas.
INVESTIGACIÓN DE COMPRA DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FOROS
Por otro lado, a la Junta de Andalucía también se solicita documentación relativa a contratos realizados con el ente televisivo público de la Comunidad y a otra de sus consejerías por su participación en un foro.
En concreto, al Organismo Rector de la Radio Televisión Pública de la Junta de Andalucía (RTVA) se le exige que aporte a la UDEF la documentación relativa a la compra de programas de televisión o derechos de emisión a las empresas de Luis Pineda. Con ello, pretende determinar si la comprar de dichos espacios televisión o el patrocinio de RTVA "fue conforme a Derecho".
En cuanto a la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de Andalucía, se investiga si su participación en el 'XI Foro de la Asociación de Usuarios de Bancos, Ausbanc' en octubre de 2011 fue con carácter de patrocinio. Para ello, le solicita la justificación de las cantidades desembolsadas para la celebración de este acto.
SE APUNTÓ SOBRE SU RELACIONES CON MIEMBROS DEL PP
La providencia de junio se hizo después de que varios testigos, como el exdirector de Comunicación de Caja Madrid Juan Astoriqui, apuntaran las buenas relaciones que Pineda mantenía con miembros del PP.
Pedraz investiga si el grupo Ausbanc llevó a cabo prácticas "cuanto menos intimidatorias" contra las entidades financieras para que le pagasen "cuantiosas" aportaciones económicas -- encubiertas como pagos por publicidad, estudios de mercado o patrocinios de jornadas-- a cambio de no dirigir contra ellas "campañas de desprestigio" o acciones judiciales.
Ausbanc, que llegó a recaudar 38,9 millones de euros de las entidades financieras, recibió también subvenciones públicas y cuotas de socios, que eran "meros convidados de piedra" y con los que, aprovechando su confianza, presionaban para aparentar ser una "asociación de consumidores potente y poder acceder" a las ayudas públicas.
Los investigadores, que creen que las prácticas de Pineda se extendieron a países como en Reino Unido, Colombia, Venezuela y EEUU, han detectado presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los 'ERE' y Facua.
Pedraz considera a Pineda responsable de delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.
