MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La denuncia iba dirigida contra José Antonio Urruticoechea Bengoeche --conocido como Josu Ternera--, José María Olarra Aguiriano, Miguel Castells Arteche, Javier Zubizarreta Lasagabaster, Nicolás Moreno Lamas, Pablo Gorostiaga González, Jone Goiricelaia Ordorika.
Fue interpuesta por Consuelo Ordóñez Fenollar, en representación del colectivo de víctimas, en alusión a los métodos y formas "innecesarias" que utilizó la banda terrorista ETA. "Aunque los actos de tortura no fuesen perpetrados de forma generalizada, ni con el fin exclusivo de generar terror (...) ETA en determinados casos cometió torturas y sometió a trato inhumano a determinados grupos y personas", asegura la denuncia.
Según Covite, la banda terrorista desplegó una estrategia específica en causar "tratos inhumanos", humillación y vejación a las victimas con el objetivo de conseguir "información o confesión, castigar o intimidar o coaccionar" a personas.
Asimismo, el colectivo de víctimas recuerda que hasta 2015 no quedó acreditado que Herri Batasuna y partidos sucesores formaban parte de ETA y argumentaron que la denuncia contra estos siete políticos vascos se debe a su pertenencia al "frente institucional" de la banda armada.
También por el desempeño de sus deberes como la petición de investigaciones y denuncias públicas de "otras torturas generalizadas contra miles de vascos" o contra "presos políticos vascos", como miembros o personas afines a la banda terrorista. En este sentido, aseguran que los denunciados omitieron sus responsabilidades de cargo y no tomaron las posibles medidas que pudieran evitar, minimizar o dificultar tales prácticas.
SUS DEBERES NO IMPLICAN "CONSENTIMIENTO O TOLERANCIA"
El titular del juzgado Central de Instrucción 5, José de la Mata, comparte el criterio de la Fiscalía y asume que por "terribles" que fueran estos hechos, los denunciados no tenían la "responsabilidad directa y específica" de impedir o prevenir estas actividades criminales ni de evitar los resultados posteriores. Por tanto, sus deberes no implicaba el "consentimiento, tolerancia o aquiescencia" de las mismas, dice el magistrado.
De hecho, De la Mata señala que las funciones o deberes de los cargos parlamentarios, senadores o alcaldes denunciados "no estaban relacionadas con el desarrollo, control o supervisión" de interrogatorios o investigaciones policiales o judiciales, ni tampoco con la "prevención de actividades criminales, ni con la gestión o supervisión de situaciones de arresto, detención, internamiento, tratamiento o prisión".
Según explica en el auto, los hechos que se denuncian fueron cometidos por personas que no eran funcionarios públicos ni tenían relación con las instituciones vinculadas con los sietes dirigentes de la izquierda abertzale.
