PALMA DE MALLORCA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
Así consta en el auto dictado por el juez, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que le emplaza a comparecer el 9 de septiembre a las 10.30 horas para ser interrogado en torno al anterior entramado, desplegado por la Policía en forma de extorsiones y amenazas a empresarios turísticos con la connivencia de altos cargos políticos.
Gijón, cuyo nombre aparece en repetidas ocasiones en el extenso sumario de la causa, puede ser citado en instrucción aun siendo diputado y, por tanto, aforado. No obstante, el juez no puede decretar medidas cautelares contra él, lo que correspondería a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).
La citación de Gijón se ha producido a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a la que se adhirió una de las acusaciones particulares personadas en la causa.
Gijón, quien dimitió como secretario general del PP de Palma por su vinculación con estas pesquisas, manifestó recientemente sentirse "tranquilo" y aseveró que irá a declarar "si el juez lo considera", alegando que "en su momento" ya se ofreció para ello.
El instructor de estas pesquisas vincula tanto a Gijón como al expresidente de la formación en la capital balear con las prácticas "pseudomafiosas" llevadas a cabo por una "organización criminal" cuyos miembros son "auténticos maestros del engaño, la manipulación, la mentira, la ocultación y la alteración de pruebas", según expone en varios de sus autos.
El juez se refiere a los agentes investigados como personas "sin escrúpulos" y "delincuentes indignos del uniforme que visten y que tienen por bandera la coacción, la amenaza, la extorsión y la intimidación", llega a afirmar.
En concreto, Penalva apunta a la comisión de delitos contra la salud pública, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada, coacciones, amenazas, extorsión y nuevos delitos de cohecho presuntamente perpetrados por numerosos agentes investigados.
Rodríguez ya compareció como encausado el pasado viernes, declaración tras la cual el instructor decretó contra él la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del Ayuntamiento, aunque limitado al departamento de Actividades, Urbanismo y Policía local, así como a cualquier instalación o dependencia de ésta ubicada en un lugar distinto.
