MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las principales asociaciones de jueces han valorado positivamente el pacto firmado entre Partido Popular y Ciudadanos en lo que respecta a las medidas judiciales, y han defendido que el objetivo es que se adhieran el resto de fuerzas políticas y se materialice en un pacto de Estado en el que estén presentes los profesionales de la justicia.
Desde Jueces para la Democracia se muestran satisfechos con la propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial - consistente en que doce de los veinte serían elegidos por los mismos jueces-- aunque precisan que este cambio debe garantizar un sistema proporcionado donde estén representadas las minorías.
Sobre este misma cuestión, la Asociación Profesional de la Magistratura indica, en declaraciones a Europa Press, que se trata de una reivindicación que han defendido desde siempre, por lo que muestran su "satisfacción" por la inclusión de esta medida en el acuerdo y lo consideran la vuelta al sistema "más acorde" con el espíritu de la Constitución.
El pacto suscrito ayer entre las dos formaciones políticas, y que incluye un total de 150 medidas, tiene bastantes puntos que acordaron en diciembre de 2015 las principales asociaciones judiciales, tal y como precisa la asociación Francisco de Vitoria, quien insta al resto de formaciones parlamentarias, especialmente al PSOE, a sumarse al mismo dado que es un principio de acuerdo "esperanzador" que trasciende el ámbito meramente político.
En algunos aspectos como la reforma del Estatuto Fiscal que permita que el Congreso pueda "reprobar y cesar" al máximo responsable de la Fiscalía General del Estado, JpD defiende que, en aras de no perturbar la autonomía del fiscal, deben fijarse "con claridad" las causas de revocación y las mayorías que se necesitan en el Parlamento para llevar a cabo dicho procedimiento, por lo que respaldan la medida siempre y cuando sea una causa de revocación "justa y legítima".
En sintonía con lo expuesto, la APM matiza que el Ministerio Fiscal siempre debe estar revestido de las máximas garantías por lo que se le debe dotar de la máxima independencia jurídica posible para que pueda cumplir con su función. También reclaman que es especifique en qué términos puede ser articulada esa reprobación parlamentaria y, principalmente por qué motivos.
LA INDEPENDENCIA JUDICIAL "NO ESTÁ EN ENTREDICHO"
La asociación matiza que la independencia de la justicia en el ejercicio diario de sus funciones "no está en entredicho" sino que lo que se pretende es reformar la proyección de imagen de independencia, por lo que las medidas acordadas que contribuyan a deshacer la imagen de politización del gobierno de jueces es "bien recibida".
El pacto pretende ampliar la garantía de independencia a toda la judicatura y plantea limitar 'las puertas giratorias' entre la política y la carrera judicial estableciendo "estrictos" plazos de moratoria aplicables a aquellos magistrados que hayan abandonando sus funciones para acceder a cargos políticos y quieran regresar, una propuesta bien acogida por las asociaciones.
Para la APM "la entrada y salida de jueces de la actividad política" puede proyectar una imagen no deseada y aplaude por tanto que se establezca un periodo de tiempo después de la dedicación política de los magistrados para su incorporación a la carrera judicial. Desde Jueces para la Democracia recalcan que es un punto que hay que concretar más y recuerdan que hay que garantizar el "derecho fundamental" de los jueces de participar en los asuntos públicos.
GARANTIZAR REDUCCIÓN DE PLAZOS DE INSTRUCCIÓN
Cree además que los plazos de instrucción de las causas deben estar limitados en aras de la garantía de justicia y víctimas y ello precisa de una inversión en materia de justicia por lo que si se cumple con esta norma acordada entre Partido Popular y Ciudadanos, se debe garantizar que esa reducción de los plazos no genere situaciones de impunidad.
La Asociación Profesional de la Magistratura también reclama la dotación de medios materiales y personales así como "las inversiones necesarias" para que el ciudadano pueda tener una respuesta mejor del sistema judicial. Por ello respaldan la propuesta de reforzar con más medios a los órganos judiciales en la investigación y enjuiciamiento de delitos económicos y añade que no es una cuestión de que resulte o no viable, sino que es "imprescindible".
