BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)
Aunque Otegi fue excarcelado el 1 de marzo, la sentencia condenatoria le imponía también inhabilitación para ejercer cargo público y para el ejercicio de sufragio pasivo hasta el 16 de septiembre de 2021.
En su día, Calparsoro consideró que no se podía ejecutar la resolución de la Audiencia Nacional, confirmada por el Tribunal Supremo, porque el fallo no especificaba a qué cargos no podía concurrir el secretario general de Sortu.
Ahora que la Junta Electoral de Gipuzkoa tiene que dilucidar si proclama candidato a Arnaldo Otegi Mondragón, una cuestión que puede acabar en los tribunales, el Fiscal Superior vasco se ha referido, en un comunicado, a las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación en las que se recuerda la postura que mantuvo ante el cumplimiento de la pena accesoria de inhabilitación impuesta por la Sección Cuarta de la AN.
En este sentido, ha destacado que "es competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional adoptar las iniciativas legales para el cumplimiento de la pena de inhabilitación, al tratarse de la ejecución de una sentencia de la Audiencia Nacional".
En este sentido, ha asegurado que el posicionamiento oficial del Ministerio Público sobre el cumplimiento y ejecución de la pena de inhabilitación impuesta a Arnaldo Otegi Mondragón "es el que tome dicha Fiscalía".
Juan Calparsoro ha querido aclarar que, "debido al principio de unidad de actuación que rige" a la Fiscalía, según establece el artículo 124 de la Constitución, el Ministerio Público en el País Vasco "comparte y asume las iniciativas y actuaciones que se han adoptado y se puedan adoptar por la Fiscalía de la Audiencia Nacional".
