MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La sección décima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM estima parcialmente el recurso de la paciente, tramitado por los servicios jurídicos de la asociación 'El Defensor del Paciente', y estima que se produjo una "infracción de la buena praxis en la atención sanitaria prestada".
Los hechos se remontan a comienzos de 2011 cuando la paciente fue intervenida en el hospital Santa Cristina cuando se le implantó una prótesis total de cadera.
Meses más tarde la mujer presentaba fuertes dolores de la cadera izquierda y la zona inguinal por lo que fue intervenida de nuevo, pero los dolores que padecía la paciente persistieron. Ante ello, acudió a una clínica en la que se le realizó una gammagrafía ósea de las caderas y tras un estudio se determinó una valoración de cobalto y cromo en suero por encima de los valores de referencia. Alegó que ello le provocó tumoración en las plantes blandas de la cadera.
En la sentencia, el tribunal considera "parcialmente inadecuada la asistencia sanitaria dispensada a la paciente por el servicio de Traumatología y Cirugía Ortopética del Hospital Santa Cristina.
Expone que la operación transcurrió sin incidencias y que hubo, a juicio de la Sala, consentimiento informado de las características y riesgos de la intervención, añadiendo que la inspección sanitaria dejaba claro en un informe que la implantación de prótesis estaba indicada.
La sentencia expone que la información pericial detalla que l modelo de cadera que se implantó indicaba revisiones por posible cesión de restos metálicos de la aliación cromo cobayo que podía causar inflamación y dolor.
"Entre estas recomendaciones para la toma de decisiones sobre los pacientes portadores de prótesis de cadera de par metal-metal y a fin de efectuar una correcta evaluación de los mismos se expresa, entre otras, la relativa a cualquier nuevo dolor en cadera, especialmente inquinal".
Así, concluye que estaba "claramente indicada la solicitud de determinaciones de iones de cromo y cobalto". Sin embargo y pese a que la paciente se quejaba de dolores desde los seis meses de la intervención, no se había solicitado en junio de 2012 esos informes.
Por tanto, el tribunal califica de "inadecuada y contraria a la praxis dicha actuación", añadiendo que las mediciones efectuadas en la clínica privada aconsejaban un recambio de prótesis.
La Sala asume las conclusiones de un informe pericial que concluye la existencia de un "retraso de diagnóstico" de un proceso de metalosis que esta relacionado con los implantes de metal-metal.
