LUGO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
Así lo recoge la sentencia hecha pública este martes y que explicita la "nulidad" de las escuchas telefónicas de las que fueron objeto los acusados, que sustentaban las acusaciones.
En este sentido, la Sala cree que no hay "razones" que pudiesen "permitir entender que se estaba cometiendo o se iba a cometer algún tipo de ilícito penal", por lo que "las primeras intervenciones telefónicas que se acordaron en esta causa carecían del presupuesto habilitante exigido jurisprudencialmente, lo que determina su nulidad".
Consecuentemente, la nulidad del auto por el que se autorizaron las mismas "determina la producción del mismo efecto en todas aquellas otras pruebas directa o indirectamente relacionadas y derivadas" de estas escuchas.
"Resuelta la nulidad de las intervenciones telefónicas practicadas en la causa, en su integridad, la declaración de hechos probados se hace con fundamento en la ingente prueba documental obrante en autos y en las pruebas de carácter personal, interrogatorios de acusados y testificales", recoge la sentencia, que, una vez analizadas estas pruebas, concluye que los acusados deben ser absueltos.
Para la sala "no existe prueba válida de los hechos en la forma que fueron objeto de las acusaciones", ya que los hechos acreditados "no son constitutivos de ningún tipo de infracción penal", dice el auto.
"No existe prueba alguna de que los acusados decidiesen previamente el adjudicatario y, aún sin que conste su participación delictiva, actuasen para conseguir esa adjudicación", profundiza.
OPERACIÓN REY
La Fiscalía acusaba al exregidor de Castro de Rei de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y cohecho, unos hechos por los que pedía 10 meses de carcel, inhabilitación y multa.
Asimismo, para el que era teniente de alcalde y que continúa como edil Roberto Lorenzo, y para el exconcejal Antonio Balado, el Ministerio Público pedía nueve años de inhabilitación para cargo y empleo público por un delito continuado de prevaricación administrativa.
Finalmente, para la secretaria municipal María José F.L. mantenía la acusación de falsedad en certificado, por la que pedía seis meses de suspensión de empleo en cargo público. La Fiscalía había retirado en sus conclusiones definitivas las acusaciones contra la exconcejala Ana Mato.
Esta operación, que investigó supuestas adjudicaciones de los años 2008 y 2009, sentó en el banquillo hace un mes a ocho acusados, todos ellos absueltos: el exalcalde, Juan José Díaz Valiño, el teniente de alcalde Roberto Lorenzo (en aquel momento con Terra Galega y actualmente con el PP), dos exconcejales --Antonio Balado y Ana María Canto--, la secretaria municipal María José F., un ingeniero, un arquitecto y un empresario.
