TOLEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
Según ha informado la organización WWF en nota de prensa, que había denunciado este proyecto, al que también se habían opuesto Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, esta anulación viene motivada "por su grave afección a especies protegidas, como el lince ibérico, la cigüeña negra o el águila imperial".
"El Tribunal Supremo sienta jurisprudencia al anular de forma definitiva esta infraestructura que afectaría a un espacio protegido y actúa según dicta la Directiva hábitats de la Unión Europea. Según esta norma europea, los estados miembros tienen la obligación de rechazar proyectos que causen grave afección a espacios Red Natura 2000 si existe una alternativa viable que no afecta a la naturaleza, y esto es lo que ocurre con la autovía Toledo-Ciudad Real", señala WWF en un comunicado.
Para WWF, "esta sentencia es un paso clave para proteger el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Montes de Toledo y las especies amenazadas, como el lince ibérico, cigüeña negra y águila imperial, que motivaron su designación".
El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, celebra esta sentencia "que va a proteger a nuestra fauna más amenazada de los peligros de la nueva autovía", al tiempo que ha lamentado "que haya tenido que ser la justicia quien haya frenado a la Junta de Castilla-La Mancha en un proyecto claramente ilegal e insostenible".
EL FALLO
Según se desprende de la sentencia, recogida por Europa Press, el Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que anulaba la orden que aprobaba el estudio informativo de la conexión de alta capacidad entre Toledo y Ciudad Real por la Autovía de los Viñedos.
Esta sentencia del TSJCM estimaba un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación WWF-Adena contra la orden de la Consejería de Ordenación del Territorio del anterior Gobierno socialista de la región que aprobaba en noviembre de 2010 este estudio informativo.
Así, tras desestimar este recurso, se impone las costas a la parte recurrente, es decir, a la Junta de Comunidades, procediendo a limitar la cuantía de la condena en costas, por todos los conceptos que las integran, a la cantidad máxima de 4.000 euros.
