SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima rechaza así el recurso presentado por la defensa del imputado, a quien Núñez impuso dicha fianza civil a petición de la Fiscalía Anticorrupción y al entender que "ha sido beneficiario de hasta cuatro pólizas --la contratada como consecuencia del ERE de Hytasal y otras tres pólizas individuales más--", cobrando por todas ellas 265.015,47 euros.
El imputado recurrió alegando que en las actuaciones "no aparecen indicios de criminalidad" que justifiquen la imposición de la fianza y negando tanto que se dedicara a captar empresas de los sectores químicos y textil en procesos de reestructuración como haber participado en procesos de regulación de empleo en los que se hayan determinado irregularidades.
El exdirigente de CCOO-A también negaba en su recurso haber ejercido como facilitador para Vitalia ofreciéndole información de empresas en crisis para la realización de ERE con prejubilaciones y financiación pública garantizada.
"INDICIOS DE CRIMINALIDAD"
Frente a ello, la Audiencia ve "indicios de criminalidad" derivados de "haber recibido irregularmente fondos públicos" por su inclusión en la póliza de renta colectiva suscrita con Vitalicio para cubrir la prejubilación de trabajadores de Hytasal, a lo que se suma que "percibió diversas cantidades derivadas de las otras tres pólizas de las que fue beneficiario que bien pudieran responder a cantidades satisfechas por Vitalia por su labor como conseguidor de la mediación de dicha entidad en pólizas financiadas con cargos públicos".
Y ello porque la explicación que ofrece el imputado, como es que las pólizas "son suscritas a su favor por Fiteqa en compensación por la pérdida de ingresos derivados de su prejubilación", no justifica que "incluso en una de ellas fuera el propio Florido tomador del seguro y en las otras lo fueran empresas del holding Vitalia, en lugar de Fiteqa".
La Audiencia remarca que "no puede descartarse" que el exdirigente de CCOO-A, imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, "haya sido indebidamente perceptor de fondos públicos derivados" del ERE de Hytasal y "de fondos procedentes del holding Vitalia derivados exclusivamente de su influencia por su condición de dirigente sindical interviniente en numerosos ERE con financiación pública en los que la mediadora era Vitalia".
LA IMPUTACIÓN
Cabe recordar que, en el auto donde le impuso dicha fianza, la magistrada resaltaba que Florido, como secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A, mantuvo una "estrecha relación" con Vitalia a través de su responsable en Andalucía, el también imputado Jesús Bordallo, "realizando labores de captación de empresas de los sectores textil y químico, que se encontraban en procesos de reestructuración, y participando activamente en diversos procesos de regulación de empleo de empresas, en los que se han detectado irregularidades".
De este modo, "y merced a sus relaciones" con los comités de empresas "gracias al cargo que ostentaba en CCOO", el imputado "habría ejercido como facilitador" para Vitalia, "aportando información acerca de empresas del sector textil y químico en situaciones de crisis y reestructuración", lo cual "habría propiciado que se les ofreciera un 'paquete completo' que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada".
Según la juez, en el año 2003 el imputado "se encuadra entre los trabajadores afectados" por el ERE acometido en Hytasal, "siendo beneficiario" de la póliza suscrita para el pago de las prejubilaciones de los afectados por el ERE, la cual fue financiada "fundamentalmente" por la Junta y "en la que resulta mediadora Vitalia".
Al año siguiente, Florido "vuelve a ser dado de alta" en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajador por cuenta de Hytasal, "llegándose a determinar" que el encausado "ha sido beneficiario de hasta cuatro pólizas" por las que ha cobrado "al menos" la cantidad de 265.015,47 euros.
Inicialmente, la juez Mercedes Alaya impuso al imputado una fianza civil de 353.353,96 euros, aunque posteriormente la anuló y dejó sin efecto al considerar que había que investigar "con mayor profundidad" los hechos que se le imputan, tras lo que la Fiscalía insistió en que le impusiera una fianza, lo que llevó a efecto María Núñez.
