MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Esta causa sobre preferentes y deuda subordinada afecta a más de 35.000 personas y se remonta al año 2011, cuando el abogado murciano Diego de Ramón, presentó siete querellas.
Pese al requerimiento de los magistrados de la Sala, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 incide en que los últimos estados financieros publicados en el momento de la emisión de este producto eran los de diciembre de 2007, que no estaban falseados -ya que las cuentas a lo largo de la instrucción han sido encontradas falsas son las de 2010 y 2011) y que la CNMV participó activamente en la elaboración del folleto informativo, que fue facilitado a los inversores.
La Sala entendía, no obstante, que la investigación seguía siendo necesaria para determinar si la emisión y comercialización de los productos se hizo "siguiendo un plan preordenado de recapitalización ante la situación de crisis real de la entidad, con ocultamiento consciente a los inversores de la naturaleza del producto y situación de la entidad", tal y como "parece indicar" la prueba testifical y la argumental practicada.
De Ramón, que representa a 850 personas que quedaron excluidas en la fase de instrucción última como titulares de las cuotas participativas, fue el que apeló contra el archivo de la causa y aunque la Sala de lo Penal le dio la razón la juez instructora lo archiva de nuevo. Contra esta decisión cabe también recursos de reforma y apelación
