MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Supremo considera que el nuevo artículo 579 bis 4 --que es el que prevé esta rebaja-- sí se puede aplicar al delito por el que están condenados. Sin embargo, ha subrayado que se deben valorar las actividades y misiones que desarrollaban cada uno de los miembros dentro de la banda armada.
Según ha señalado el TS en una sentencia hecha pública este jueves, estos cuatro militantes eran responsables territoriales o de área en Gestoras Pro Amnistía: José María Olabarrieta Olabarrieta, responsable de la llamada "área de huidos" de Gestoras; Alejandro Velasco Armendáriz, coordinador en Navarra y responsable del "área de solidaridad y asistencia"; Joseba Gotzon Amaro López, responsable del "área de libertades democráticas"; y Jesús Felipe Arriaga Ibarra, responsable de comunicación.
Por ello, en su resolución ha sostenido que no se puede aplicar el artículo del Código Penal al que aluden, y por tanto reducir la pena, porque no eran "meros militantes activos que, teóricamente, ocuparían posiciones subordinadas a ellos", sino que sus cargos "revelan una posición preponderante" en la organización.
ESTOS ASPECTOS "FUERON TENIDOS EN CUENTA"
"Todos estos aspectos fueron tenidos en cuenta en la sentencia de instancia para imponer la pena privativa de libertad en una extensión superior al mínimo legal, y condujo a esta Sala a considerar en la sentencia de casación que las penas habían sido individualizadas correctamente, afirmando que las impuestas eran plenamente proporcionadas a la gravedad de unos hechos como los enjuiciados", recoge la sentencia del Supremo.
Los cuatro militantes de la Gestora recurren ahora el auto de ejecución de sus sentencias, dictado por la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero ya les denegó la revisión de las condenas aplicando la reforma del Código Penal.
La Audiencia Nacional condenó en septiembre de 2008 a penas de entre 8 y 10 años de cárcel a 21 de los 27 -entre los que se encuentra los cuatro recurrentes-- acusados en el juicio contra los responsables de Gestoras Pro Amnistía, al considerar que todos ellos formaban parte de la organización terrorista ETA. Esta sentencia fue confirmada por el Supremo un año después.
