SANTANDER, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Supremo confirma el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que en enero de 2015 desestimó el recurso de los ecologistas y validó el PORN. Fueron partes recurridas el Gobierno central, el Gobierno cántabro y el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
La sentencia del TSJC tuvo un voto particular del presidente de la Sala, quien consideró que se debían estimar algunas de las pretensiones de la organización ecologista. El recurso fue rechazado, por decisión mayoritaria de la Sala, por su "total imprecisión" y porque en la prueba practicada "no se puso de manifiesto la arbitrariedad" que ARCA alegaba.
En sus alegaciones, la asociación ecologista ponía de manifiesto que el decreto que en 2010 aprobó el PORN de Oyambre es nulo porque vulnera distintos preceptos de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.
Entendía ARCA que "las determinaciones del PORN son completamente arbitrarias, irracionales, inadecuadas e incoherentes con los objetivos y fines que ha de perseguir un PORN". Añadía que "no se ha estudiado el medio y no se identifica, inventaria ni estudia el estadio de conservación de los recursos naturales".
Además, la asociación conservacionista denunciaba que esté "prevista la construcción de un puerto deportivo, que admite el uso general junto al LIC (Lugar de Interés Comunitario)" y que "entre los usos permitidos está la construcción de carreteras y puertos deportivos".
Frente a esas consideraciones, el Gobierno de Cantabria se opuso calificando de "abstracta, generalizada y desmesurada" la crítica que ARCA realizaba sobre los medios empleados en la elaboración del PORN.
El Ejecutivo negaba, además, que existan deficiencias en los estudios, así como que esté prevista la creación de un puerto deportivo y que se admita el uso general junto al LIC ya que, según afirmaba el Gobierno, "salvo en el caso del núcleo de San Vicente, al borde de la ría, ninguna zona colindante del LIC se regula como zona general".
Como codemandado figuraba el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, que se opuso al recurso alegando "que no existe en la demanda una concreta crítica", y que ARCA "se limita a formular denuncias de forma genérica".
