MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
Dentro de su reclamación para regular la relación entre el Gobierno y la Fiscalía, APIF ha sostenido que se debe tipificar como delito grave contra la Administración de Justicia la comunicación al Ejecutivo de "información reservada" que el Ministerio Público obtiene en el ejercicio de sus funciones.
APIF ha solicitado más mecanismos para permitir investigaciones, incluyendo cuestiones como: la contratación de personal de secretaría con vínculos de parentesco; la asistencia habitual en representación de la institución a eventos deportivos o taurinos; la necesidad de abstenerse en nombramientos de amigos personales o clarificar criterios de percepción de dinero por asociaciones de fiscales.
La asociación reclama implementar un reglamento democrático para el Ministerio Fiscal y abordar temas como la publicación de la agenda del fiscal general, la carga laboral o la "arbitrariedad en los nombramientos", donde, dicen, prevalece la fidelidad asociativa o política sobre la capacidad y la competencia.
APIF ha insistido en la derogación inmediata del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que clasifica las causas en sencillas o complejas --limitando la instrucción en seis o 18 meses-- y que en que el sistema LexNET esté supervisado por el Poder Judicial y no por el Ministerio de Justicia, al entender que afecta a la independencia del sistema.
