PALMA DE MALLORCA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La resolución desestima así el recurso de casación interpuesto por la Administración contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que condenó al pago de la anterior cantidad a la adjudicataria de las obras para restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión.
En concreto, la mercantil reclamaba 9.967.906 de euros por cinco conceptos: las expropiaciones, la ocupación de los terrenos, la seguridad privada, los traslados de plantas de producción, de conglomerado, de hormigón y de cemento, y por los disturbios.
El Alto Tribunal señala que, aunque la Comunidad Autónoma lo niega, debido a la magnitud de la oposición que había en la isla a la construcción de los nuevos accesos al aeropuerto -traducida en incidentes, disturbios y altercados- las expropiaciones y la ocupación de los terrenos se retrasaron más allá de toda previsión razonable.
Por este motivo, la concesionaria tuvo que hacer frente a unos costes de seguridad privada que no habrían sido necesarios de no producirse ese conflicto e, incluso, dos ayuntamientos forzaron el traslado de la plantas de producción de materiales precisos para la obra.
La sentencia concluye que no son sobrecostes ajenos a los incidentes, sino debidos a ellos, por lo que reconoce el derecho de la sociedad a ser compensada para restablecer su equilibrio económico y financiero.
