MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Según el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, una vez recibido el escrito del Congreso, el tribunal comunica al Gobierno la existencia del conflicto para que, en el plazo de un mes, formule las alegaciones que estime convenientes.
Durante ese mes, podrán comparecer en el procedimiento los demás órganos legitimados para plantear este tipo de conflictos, si consideran que esto afecta de algún modo a sus atribuciones, y podrán pronunciarse "en apoyo del demandante o del demandado".
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A lo largo de este proceso, el tribunal podrá requerir aclaraciones a las partes y tendrá que tomar una decisión definitiva durante el mes siguiente o, cómo máximo, 30 días después del plazo que fije para la recepción de las mismas.
Es decir, todo apunta a que el proceso se alargue hasta la vuelta del verano, ya con las nuevas Cortes funcionando. En todo caso, el objetivo del recurso era resolver esta discrepancia y sentar criterio para hipotéticos escenarios de Gobierno en funciones en el futuro.
La presentación del conflicto de atribuciones se acordó en el Pleno del Congreso el pasado 6 de abril ante las reiteradas negativas del Gobierno en funciones a someterse a control parlamentario alegando que el Parlamento elegido en diciembre no es quien le dio la confianza. El recurso fue apoyado por todos los grupos parlamentarios salvo el PP, que respaldó al Ejecutivo de Mariano Rajoy.
A partir de ahí, la Cámara Baja cursó un último escrito al Ejecutivo pidiendo explicaciones por su actitud y, en una respuesta dada a conocer el 6 de mayo, Moncloa se ratificó en su negativa insistiendo en que un Gobierno en funciones "no puede ser sometido a iniciativas de control en la medida en que no existe una relación de confianza entre el Gobierno y el Congreso".
Al final, el Congreso formalizó la presentación del conflicto de atribuciones el pasado 2 de junio registrando en el Tribunal Constitucional un escrito redactado por los servicios jurídicos de la Cámara a instancias de la Mesa de la Diputación Permanente, el único órgano activo entre legislaturas.
