SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
En este sentido, las mismas fuentes consultadas han indicado que la juez también ha citado este martes, aunque en su caso como testigos, al ex interventor general de la Junta de Andalucía Adolfo García Fernández y a la interventora de la Junta en la provincia de Sevilla, Victoria López Gutiérrez.
Cabe recordar que la instructora ya ha tomado declaración con anterioridad también como testigos a los interventores de la Junta en las otras siete provincias andaluzas, que coincidieron en señalar que tan sólo apreciaron irregularidades administrativas y que si hubieran observado indicios de delito lo hubieran denunciado.
La magistrada citó inicialmente a declarar al exconsejero Antonio Fernández el pasado día 10 de mayo, aunque Fernández no compareció después de que su abogado pidiera el aplazamiento alegando que estaba citado el 17 de mayo por la comisión del Parlamento andaluz que investiga las ayudas a los cursos de formación.
De este modo, el abogado del exconsejero de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010 solicitó el aplazamiento para evitar la presión mediática que supondría esta declaración judicial a tan sólo una semana de la comparecencia parlamentaria, tras lo que la juez fijó la declaración para este martes día 14 de junio.
En su comparecencia en el Parlamento, Fernández defendió que el caso de las ayudas a la formación para el empleo en Andalucía no es más que "un 'bluf'" generado por el "nerviosismo de los interventores" y la "crisis de nervios" vivida en la comunidad en 2011 y 2012 a raíz del caso de los ERE, cuando "todo el mundo se pone a cuestionar todo el sistema"; y defendió que su gestión se efectuó y acomodó "en todo momento" y "sin fisura" a la normativa legalmente establecida.
Fue la juez Mercedes Alaya, por medio de un auto dictado el día 16 julio de 2014, quien imputó al exconsejero en esta causa por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos tras haber concedido supuestamente 70 millones de euros en ayudas para el plan de formación de los extrabajadores de la empresa Delphi.
En el auto, Alaya señalaba que, a la vista del informe remitido por la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativo a Delphi, existen "claros indicios de la comisión de hechos delictivos cometidos presuntamente" por el imputado en su condición de consejero de Empleo en el periodo comprendido entre el 25 de abril de 2004 y el 22 de marzo de 2010.
Seguidamente, la magistrada citaba hasta cinco "hechos indiciarios" contra el exconsejero, el primero de ellos "por haber concedido con ausencia de procedimiento diferentes subvenciones a la formación y contratación" a la multinacional Delphi "sin convocatoria ni bases reguladoras, en contra de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo, específicamente para ofertas públicas formativas".
Asimismo, la juez imputó a Fernández "por haber permitido en los expedientes de subvenciones la subcontratación de actividades formativas objeto de las mismas, sin estar autorizada dicha subcontratación", y por "haber concedido becas por asistencia a cursos por encima del máximo legalmente permitido, según lo dispuesto en la Orden TAS 718/2008 de 7 de marzo".
De igual modo, imputó al exconsejero por "haber otorgado subvenciones a empresas para la realización de acciones formativas en alternancia con el empleo por importe de 70 millones de euros, con la intención de que los extrabajadores de Delphi pudieran volver a tener acceso a la prestación de desempleo, sabiendo que la relación laboral sería inexistente, limitándose dichas entidades a la realización de cursos de formación".
PROCESADO EN LOS ERE
Además, lo imputó "por haber concedido subvenciones a la formación continuadamente desde el año 2007, dictando resoluciones de exoneración de la justificación de tales subvenciones a las entidades beneficiarias de dichas subvenciones en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, contraviniendo la normativa reguladora de la Ley de Subvenciones", permitiendo así que "tales entidades pudieran resultar beneficiarias en el siguiente ejercicio económico".
La juez, en este punto, añadía que, según se desprende de la declaración prestada como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el director general de Formación para el Empleo de la Consejería de Educación de la Junta, Carlos Cañavate, "en virtud de tales resoluciones de exoneración en octubre de 2013 había una cantidad aproximada de 950 millones de euros en subvenciones sin justificar".
Tras marcharse Alaya a la Audiencia Provincial de Sevilla, el caso relativo a los cursos de formación fue asumido por la juez María Núñez Bolaños, que ha dividido la causa en nueve piezas separadas, una de las cuales afecta al entramado empresarial del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda.
En esta pieza, además de la actuación de Ángel Ojeda, se investigan la de otras 13 personas, entre ellas al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que ha sido procesado en el caso de los ERE fraudulentos por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
