SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fallo del TSJC, que ha dado a conocer el propio Gobierno cántabro, estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Estado frente a la Orden del 7 de agosto del pasado año por la que se regula la inclusión en el Sistema Sanitario Público de Cantabria de las personas residentes en la Comunidad Autónoma que no tengan acceso a un sistema de protección sanitaria pública.
En un comunicado, la Consejería de Sanidad ha reiterado su defensa de la asistencia sanitaria universal y ha defendido la oportunidad de esta Orden, manteniendo su posición a favor de la derogación del Real Decreto "excluyente" del 2012, aprobado por el Gobierno del Partido Popular.
La titular del departamento, María Luisa Real, ha subrayado la necesidad de impulsar una reforma de la Constitución Española para que el derecho a la asistencia sanitaria y la protección de la salud sea considerado un derecho fundamental, de manera que forme parte del capítulo de derechos fundamentales que tenemos todos los españoles.
Real ha recordado que, desde que ocupa su cargo al frente de la Consejería de Sanidad, ha trabajado "para que se reestablezca cuanto antes el acceso pleno a la asistencia sanitaria como derecho constitucional de ciudadanía y en igualdad de condiciones para todos", un derecho en el que, en palabras de la consejera, "está claro que el Gobierno del PP no cree".
La consejera ha señalado que éste fue el motivo que llevó al Gobierno de Cantabria a la elaboración y aprobación de agosto de 2015, "a sabiendas de que es una medida paliativa que pretende solucionar temporalmente el problema creado por el Gobierno del Partido Popular".
Esta Orden, ha recalcado, ha resuelto en Cantabria el "grave problema creado por el Gobierno de Mariano Rajoy en la asistencia sanitaria, excluyendo del derecho a una parte de los ciudadanos".
En este sentido, ha avanzado que Cantabria va a seguir trabajando en todas aquellas medidas que redunden en el bienestar de los ciudadanos, mejoren su calidad de vida y permitan la recuperación de derechos básicos y elementos claves del estado de bienestar como es la sanidad pública y de calidad.
