MÁLAGA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
Según se declara probado en la sentencia, el facultativo, que estaba en un centro de salud de la capital en 2011, en el ejercicio de su profesión y guiado por el ánimo de beneficio ilícito y de "facilitar a terceros el consumo de estupefacientes" rellenó 18 recetas oficiales a nombre de cinco pacientes de su cupo.
Así, hizo constar los nombres de los beneficiarios y su número de identificación, según dice la resolución de la Audiencia, "a sabiendas de que dicha medicación prescrita no iba a ser destinada a tales beneficiarios, los cuales no tenían necesidad de los mismos para la cura de sus dolencias".
El producto recetado iba destinado "al consumo de terceras personas no identificadas, teniendo el acusado pleno conocimiento de que dicha medicación es un estupefaciente", ya que contenía un analgésico opiáceo; y que para su prescripción se precisa "de receta oficial" para ese tipo de sustancias.
De ese total, ocho recetas fueron dispensabas y retiradas en una farmacia de Marbella (Málaga); mientras que, según se precisa en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, otras diez fueron retenidas ante las dudas que tuvo la farmacéutica sobre la veracidad de las mismas.
Además, se precisa que entre febrero y agosto de ese año, el acusado rellenó otras 26 recetas siguiendo la misma pauta y también "guiado por el ánimo de obtener un ilícito beneficio". En esas, se prescribía un medicamento que contiene como principio activo un producto de origen vegetal, que en este caso no era droga tóxica ni estupefaciente.
Estas recetas fueron dispensadas en una farmacia de la capital y "de igual modo, la medicación no iba destinada a los pacientes que figuraban como destinatarios, quienes no la precisaban". Todas fueron retiradas por el otro acusado, cuyo laboratorio comercializaba el producto, quien "actuaba en connivencia" con el primero.
Se les condena a los dos por un delito de falsedad en concurso con otro de estafa y al médico, además, por un delito contra la salud pública, al tiempo que se le impone la inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina durante el tiempo de la condena y el pago de una multa.
Los perjuicios económicos causados al Servicio Andaluz de Salud (SAS) ascienden a casi 1.800 euros, aunque ambos acusados ya han indemnizado a dicho organismo en su totalidad. La sentencia se dicta con la conformidad de ambos procesados y de sus respectivas defensas con los hechos por los que fueron acusados por el fiscal.
