MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
En este sentido, Jueces para la Democracia manifiesta, a través de un comunicado y tras celebrar su congreso en Valladolid, su "más firme apoyo" al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de la Prada, que tras denunciar que en España "la tortura se ha producido de manera clara" ha sufrido, según este colectivo, "injustos ataques" por parte del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y de miembros de asociaciones de víctimas del terrorismo "que han motivado la apertura de unas diligencias" por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Frente a ello es necesario romper judicialmente, pero también política y socialmente, la ignorancia y el secreto que sustentan y alimentan la tortura, que permanece entre nosotros gracias a estrategias de encubrimiento como la ocultación, el secreto y el desinterés hacia tan obscena realidad", afirma Jueces para la Democracia.
Esta asociación profesional de jueces recuerda además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España "al menos en ocho ocasiones, la última en el caso Beortegui Martínez, de 31 de mayo de 2016, por no realizar una investigación judicial efectiva y en profundidad de las denuncias por torturas durante la detención incomunicada en materia de terrorismo", asegura.
"A Jueces para la democracia le duele profundamente esta nueva
condena, que implica de modo directo a jueces y tribunales, a la garantía jurisdiccional que deben prestar para tutelar los derechos de las personas y someter a la legalidad a todos los poderes", añaden en el comunicado, donde precisan que España también ha sido condenada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mientras el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura "ha expresado su preocupación porque España no cumple con sus obligaciones en materia de prevención y persecución de la tortura".
La asociación afirma que la tortura, "aun cuando no sea hoy en España un fenómeno generalizado", cuando se produce "es negado y ocultado por el poder y olvidado por nuestras sociedades".
Por todo ello, Jueces para la Democracia exige al CGPJ "que promueva el establecimiento de un código de conducta claro sobre la forma de conducir interrogatorios de detenidos en régimen de incomunicación, medidas de vigilancia que garanticen la integridad de los mismos y medidas de control jurisdiccional de las anteriores; así como que, desde luego, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en todos los aspectos que competen a jueces y tribunales, y que establezca cursos de formación específica en estos ámbitos, dentro del plan general de formación", concluyen.
