VALENCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
La sentencia del TSJCV ahora confirmada aceptó las demandas de UGT PV y CCOO PV y acordó la nulidad de la decisión de Vaersa por insuficiente cumplimiento del deber de información del periodo de consultas y por falta de aportación de información suficiente del ejercicio anterior sobre el que la empresa alegaba una variación que justificaría la medida de modificar las condiciones de trabajo de 98 empleados.
Esa decisión empresarial se refería tanto a cuestiones relacionadas con la jornada --incluyendo la transformación de contratos a tiempo completo a parcial-- como con la clasificación profesional y con la movilidad geográfica.
La sala señala que en esta materia, según su jurisprudencia, el Estatuto de los Trabajadores no contiene ninguna previsión de la documentación que deba aportarse en el periodo de consultas previo a modificar sustancialmente las condiciones, pero señala que se debe considerar obligada la documental que acredite la concurrencia de las causas como los que justifiquen las medidas a adoptar.
En este caso, el TS coincide con el TSJCV en resaltar que fue el cambio en el contenido económico de las nuevas encomiendas de gestión por parte de la Generalitat Valenciana a Vaersa en 2013 lo que sirvió para poner en marcha la modificación de las condiciones de trabajo.
Por tanto, esa variación sufrida entre las dos anualidades es un "elemento determinante" de la necesidad de reorganización de la plantilla, por lo que "forzoso es concluir" que se requerían datos que permitieran valorar el alcance de la variación económica entre lso periodos de la actividad encomendada porque aun cuando la modificación de las condiciones no se acogía a causa económica "sí se apoyaba en la disminución de las aportaciones para proponer medida de índoles organizativa".
ABONO DE DIFERENCIAS SALARIALES
Según ha informado UGT-PV en un comunicado, el fallo supone que la empresa Vaersa deberá reponer a los trabajadores afectados en las mismas condiciones laborales anteriores a las modificaciones, "abonando las diferencias salariales dejadas de percibir y la regularización de las cuotas ante la Seguridad Social". De acuerdo con el sindicato, "el cálculo estimado de ahorro de las modificaciones (alrededor de 500.000 euros), va a suponer en cambio, un sobrecoste de unos 1.200.000 euros".
Para UGT PV, "la obstaculización y mala fe demostrada por Vaersa en el periodo de consultas de no entregar la documentación solicitada ha originado la nulidad de este segundo ERE por no cumplir con el deber de negociar de buena fe quedando viciado desde el inicio del proceso".
UGT ha exigido que se cumpla la sentencia y se abone y readmita a los empleados en los mismos términos antes del segundo ERE y ha expresado que los actuales gestores empresariales "siguen incurriendo en estas malas prácticas laborales".
"A diferencia de lo ocurrido en el año 2014, actualmente, las modificaciones de las condiciones de trabajo y las novaciones de contratos no se están produciendo en bloque. Al no superarse el número de 30 las personas afectadas, los sindicatos no podemos interponer denuncias colectivas", explica.
En esta línea, asegura que, al igual que en la anterior legislatura, desde la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente "se siguen revisando anualmente los puestos y las condiciones de trabajo del personal de Vaersa", unas revisiones que en muchos casos "suponen recolocaciones, modificaciones de las condiciones de trabajo, novaciones de los contratos, cambios de categoría profesional, calendario laboral, etc" y generan "una gran precariedad laboral".
