MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
En la nueva demanda también aparecen como partes interesadas el resto de asociaciones de la Carrera, que son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (FdV).
En concreto, solicitan que se declare que el CGPJ ha incumplido las obligaciones del Plan de Prevención de Riesgos Laborales que este mismo organismo previó para el periodo 2015-2016 y que se le condene a "la inmediata regulación de la carga de trabajo" de los jueces a efectos de salud laboral.
Igualmente piden que la Audiencia Naiconal declare que los jueces y magistrados incluidos en los informes internos del CGPJ de septiembre de 2014 que sobrepasaron el 150 por ciento de la carga de trabajo se encuentran en "situación grave de riesgo para la salud" así como la vulneración de su derecho fundamental a la integridad física y moral.
"PENOSIDAD DEL DESTINO"
La carga de trabajo que debería ser fijada, según los demandantes, tediendo en cuenta criterios personales del juez como "la penosidad del destino, la complejidad litigiosa, la experiencia en el órgano, la necesidad de conciliar el trabajo con la vida familiar y personal, problemas estructurales dle juzgado, reformas legislativas y otras análogas".
Respecto al Ministerio de Justicia, los jueces reclaman a la Audiencia Nacional "a estar y pasar por las anteriores declaraciones en el ejercicio de sus competencias como miembro de la Comisión de seguimiento del sistema de prevención de riesgos laborales para los miembros de la Carrera Judicial".
La decisión de incidir en esta demanda se produce una vez ha transcurrido un año desde que el CGPJ aprobara elaborar unos nuevos módulos de rendimiento para determinar la carga de trabajo en los juzgados a los efectos de la salud y seguridad de los jueces, una previsión que no se ha cumplido.
Añaden que, según los resultados obtenidos de "la encuesta de ámbito nacional de todos los jueces o magistrados en servicio activo de 2015" promovida por el CGPJ, un 70 por ciento de los encuestados considera que su carga de trabajo habitual es excesiva.
Según un Informe del propio CGPJ de septiembre 2014, basado en mediciones de las cargas de trabajo de entrada de juzgados y tribunales durante el año 2013, el 43,53 por ciento de los órganos judiciales superan el 150% de las cargas de trabajo razonables, y que un 23,64 por ciento se sitúa por debajo del cien por cien, por lo que hay otro 32,83 por ciento que se halla entre el cien por cien y el 150 por ciento.
Estos valores evidencian que una mayoría alarmante del 76,36 por ciento, de los/as jueces/as de este país ejercen sus funciones jurisdiccionales en condiciones tóxicas desde un punto de vista psicosocial.
Por su parte, jueces de lo Mercantil de Sevilla han advertido en un escrito presentado el pasado 1 de abril de que "el inhumano cúmulo de trabajo" que soportan actualmente está generando "una situación de colapso", ya que, entre otras cosas, afrontan una carga de trabajo "extraordinariamente superior" a los indicadores de entrada de asuntos fijada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"A tan solo ocho meses de acabar el año 2016 y con él, la vigencia del Plan, el CGPJ ha incumplido flagrantemente la citada obligación, sin haber iniciado, siquiera intentado, los trabajos de medición de cargas judiciales saludables", lamentan los demandantes, que añaden que en la última reunión de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del CGPJ de 11 febrero 2016, todas las Asociaciones Judiciales presentaron una propuesta de consenso, a la que no se ha dado respuesta.
"Ante el horizonte descrito y la parálisis de nuestro deudor de seguridad en el cumplimiento de sus obligaciones fijadas en el PPRL, desde Jpd hemos decidido recurrir a la acción judicial", concluye JpD en un comunicado remitido este jueves.
Entre las testificales a practicar por la Audiencia Nacional, JpD propone las de la magistrada y ex vocal del CGPJ Margarita Robles.
