SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo socialista presentó esta iniciativa a principios de octubre después de que el Pleno de la Cámara acordara, con los votos de PP-A y Podemos, la derogación del decreto ley que remitió el Consejo de Gobierno en esa línea.
La proposición aprobada supone la modificación de la Ley 6/1985 de ordenación de la función pública de la Junta para reconocer los servicios prestados como personal funcionario interino de forma que se produzca la plena equiparación con los funcionarios de carrera. En concreto, se incorporan sendos nuevos apartados al artículo 26 y 27, para computar "los servicios prestados como personal funcionario de carrera e interino" al valorar la antigüedad en la Administración a efectos de méritos en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo así como en los de promoción interna, respectivamente.
La modificación legislativa garantizará la gestión estable de estos procedimientos de especial trascendencia en la gestión de personal de la Junta, no solo por su dimensión cuantitativa, dado el elevado número de personas que participan en estas convocatorias, "sino también en la medida de que dichos procesos sirven de instrumento de planificación de recursos humanos y garantizan el derecho a la carrera profesional de los empleados públicos".
Asimismo, se dota de seguridad jurídica al tratamiento de la antigüedad como mérito baremable, "superando definitivamente la controversia suscitada con sentencias contradictorias que han provocado en los últimos años retrasos y paralizaciones en los concursos de traslados".
La diputada del PSOE-A Brígida Pachón ha explicado que esta ley persigue "resarcir a los empleados públicos tras la derogación a golpe de pinza del decreto-ley presentado por la Consejería para dar solución a más de 23.000 trabajadores de la Junta", y así "solventar, de una vez por todas, un largo camino de controversia judicial y oportunismo político en el que se han visto inmersos muchos funcionarios".
Con esta ley, ha agregado, "el PSOE-A hace gala de su compromiso y responsabilidad" pues busca "hacer justicia con 23.000 trabajadores de lo público, proporcionándoles sus derechos de promoción y movilidad", dándoles el "soporte jurídico necesario", así como para fortalecer los servicios públicos y, por lo tanto, el estado del bienestar.
PP-A: "LA JUNTA MANIPULA A LOS FUNCIONARIOS"
Por su parte, el parlamentario del PP-A Pablo Venzal ha dicho a la consejera del ramo, María Jesús Montero, que "no acierta una" en sus decisiones sobre la función pública, pues es la tercera medida que viene al Parlamento en este sentido y que, a su juicio, "tampoco debería convalidarse". "Han manipulado a los sindicatos y a los empleados públicos con la trasposición de la directiva europea", ha criticado el diputado quien ha explicado que "no hacía falta el sembrado donde ha metido a los trabajadores" para trasponer la directiva europea, al trasladarla "con retales y a medias".
Ha sostenido que el Defensor del Pueblo "le dijo que el texto que trae es inconstitucional", que el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, "le dijo que hace falta una revisión del texto", o que incluso los agentes sociales, los sindicatos también se lo dicen cuando afirman que "llega tarde o que es insuficiente", pero "usted mantiene su texto" y "manipula a los sindicatos". "Lo que hace falta desde 2007 es que hagan la ley de función pública y dejen de entretenernos a todos", ha apostillado.
Por parte de Podemos, la diputada Begoña Gutiérrez ha trasladado la intención de su formación de "reconocer a los interinos el cómputo de su antigüedad" y que su objetivo es "evitar la precariedad laboral y la precarización de funcionarios", al tiempo que ha indicado que la Junta "ha tenido tiempo más que suficiente para modificar la Ley 6/1985".
Ha aseverado que en Andalucía existe "una administración instrumentalizada por el Gobierno andaluz", que "es responsable de que la prestación del servicio sea cien por cien público y de calidad", así como que en Podemos se guían "por el bien común" y "los andaluces se merecen todo nuestro esfuerzo para elaborar una nueva Ley de función pública". "Basta ya de parches", ha apostillado.
El parlamentario de Ciudadanos Carlos Hernández ha defendido que "los funcionarios y los empleados públicos deben tener condiciones estables y concretas" para ofrecer unos servicios públicos de calidad y ha rechazado la enmienda que IU ha mantenido viva porque "no ha existido el consenso necesario" para sacarla adelante.
Además, cree que las modificaciones de este texto "van en la línea de necesaria para la armonización del reconocimiento de servicios previos en la Administración pública", cuando ha advertido que reconocérsela a los interinos "no supone un problema en otras comunidades".
De su lado, la diputada de IULV-CA, Elena Cortés, ha defendido la única enmienda que ha llegado viva al texto y que ha sido rechazada por el Pleno del Parlamento, con los votos en contra del PSOE-A y C's y la abstención de Podemos y PP-A, y que perseguía que esos servicios previos, reconocidos en el proyecto de ley, también le sean reconocidas a aquellas personas laborales que han adquirido la condición de funcionarios y que tienen una antigüedad en la Administración pública.
Ha defendido este extremo porque "es de justicia, porque es una ley que debe ser general, universal y con vocación de permanencia, y porque los servicios jurídicos de la Cámara advirtieron de esta causa podría causar desigualdad", y porque lo contrario sería tener "una doble vara de medir".
