SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la magistrada ha aplazado al 6 de mayo las declaraciones previstas inicialmente para este martes de González Marín; del secretario general de IDEA, Ildefonso Pacheco, y del director económico-financiero, Manuel Cano Ruiz-Granados.
En la providencia donde los citó a declarar, la instructora requirió a la agencia IDEA para que, en el plazo de diez días, remitiera al Juzgado, "y para el supuesto que conste la existencia de las mismas", resolución o resoluciones dictadas "por el Tribunal de Cuentas de Andalucía" y que "guarden relación directa con los hechos objeto de investigación" de la causa.
Asimismo, la magistrada realizó el ofrecimiento de acciones previsto en la Ley, en calidad de posibles perjudicados, a los representantes legales de la Junta de Andalucía y de la agencia IDEA, "debiendo, en su caso, acreditar tal condición".
Cabe recordar que, en un auto dictado el 5 de abril, la magistrada rechazó un recurso que había presentado el PP contra su decisión de no incorporar a esta causa el informe de fiscalización sobre IDEA realizado por la Cámara de Cuentas, recordando al PP que su Juzgado "no es un Juzgado Contencioso Administrativo ni un órgano de fiscalización" donde se puedan analizar decisiones administrativas.
La Fiscalía Anticorrupción, de su lado, ha designado a Francisco José Sánchez Mellado como cuarto fiscal delegado en Sevilla a fin de que se encargue de la causa por las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos y avales por parte de IDEA y de la causa donde se investiga la gestión que la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), dependiente de la Junta, realizó de 185 millones de euros de los fondos europeos Jeremie concedidos a distintas empresas entre los años 2007 y 2013.
La Fiscalía Anticorrupción cuenta con otros tres fiscales delegados en Sevilla, como son Juan Enrique Egocheaga, Manuel Fernández Guerra y Fernando Soto.
Los dos primeros se encargan fundamentalmente del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, que acumula cerca de 300 imputados, mientras que Fernando Soto fue asignado para causas como las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía o el supuesto fraude en subvenciones por parte del sindicato UGT-A mediante facturas falsas.
