MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha reclamado este lunes a los diputados durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso que realicen las reformas legales necesarias para reforzar "institucionalmente" la autonomía de su departamento con el fin de mantener a los fiscales "fuera de la contienda política".
Madrigal ha calificado de "inadmisible" un ministerio fiscal "teledirigido por el Gobierno" y ha señalado que si bien se ha avanzado mucho en la autonomía del Ministerio Público "todavía hay mucho trecho por recorrer".
"Es preciso profundizar en la regulación normativa de los presupuestos de la autonomía, como es la singularización presupuestaria, pero también, mantener a nuestra institución al margen de invertir en los fiscales porque dotarles de recursos "es profundizar en la construcción del sistema democrático".
También cree la fiscal general que debemos avanzar hacia un Ministerio Fiscal "con un perfil político y mediático más bajo, pero mejor organizado y con mayor solidez institucional", de forma que sea capaz de prestar con eficacia sus funciones de defensa de la ley, los derechos y el interés público.
Madrigal ha reclamado igualmente reforma penal para cambiar el modelo de investigación penal que "no consiste en cambiar a los jueces por los fiscales" sino más bien en reducir el número de recursos que pueden presentarse durante la instrucción, con el fin de agilizar las investigaciones.
CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y YIHADISMO
En cuanto a la existencia de la criminalidad organizada, ha destacado que su departamento se siente especialmente comprometido en la lucha contra la trata de seres humanos, "porque pocos países receptores de víctimas de trata han alcanzado nuestras cifras de investigaciones".
"Más de 330 causas están ahora pendientes de seguimiento especial por la fiscalía --ha indicado--. O lo que es más importante, más de 40 sentencias condenatorias en los dos últimos años, algunas de ellas en relación con importantes redes transaccionales, significadamente rumanas, nigerianas y paraguayas.
Ha destacado también que si en 2014 se duplicaron las investigaciones por terrorismo yihadista respecto al año
anterior, en 2015 el incremento se sitúa en torno al 69 por ciento con 179 diligencias previas.
De las 207 personas detenidas por terrorismo, 94 lo fueron por esta modalidad, permaneciendo actualmente en prisión 98 personas. Además, y por primera vez las investigaciones por terrorismo
yihadista superan con creces a las iniciadas en relación con la organización terrorista ETA y su entorno y suponen ya el 22 por ciento de la cifra total Audiencia Nacional.
A modo de radiografía judicial de la lucha contra este fenómeno, cabe reseñar en palabras de Madrigal que están vivas 186 investigaciones que afectan a 363 personas. Se trata de investigaciones complejas por la propia naturaleza de las actividades investigadas, según la fiscal general, que ha destacado la labor del fiscal jefe en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
Aunque desde 2009 ETA no ha protagonizado atentados terroristas, Madrigal ha señalado que siguen produciéndose detenciones de individuos reclamados judicialmente, por terrorismo urbano (1) y por enaltecimiento del terrorismo (20 sentencias, 5 de ellas absolutorias).
SINIESTRALIDAD LABORAL
En cuanto a la siniestralidad laboral, Madrigal ha destacado que
Tras la muerte de cualquier trabajador, el departamento que ella dirige asume el compromiso de investigar exhaustivamente si se ha incurrido en responsabilidad penal, "desde la convicción de que el adecuado cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo mitigaría las cifras y la gravedad de siniestros".
Le inquieta particularmente a Madrigal la lentitud con que avanzan las causas sobre estos asuntos, que "tienen aquí efectos particularmente perversos pues propicia conformidades sobre la base de degradación de la responsabilidad, en perjuicio de los intereses y derechos de las víctimas que se avienen a aceptar bajas indemnización ante la alternativa de esperar indefinidamente una mayor".