VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)
La sección quinta de la Audiencia de Valencia ha decidido absolver a los tres exresponsables del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) José Manuel Uncio, Enrique Pérez Boada y Enrique Benede, y otras siete personas más de irregularidades en relación con la tramitación para la construcción y gestión de un hotel ubicado en la localidad valenciana de Jalance.
En una sentencia de 38 páginas contra la que cabe recurso de casación, el tribunal carga contra las defensas de los querellantes --el matrimonio formado por Asunción Boscá y José Rafael Martínez Esteve y dos acusaciones particulares más-- al considerar que, en relación con ocho de los acusados, incluidos los tres ex altos cargos, nunca debió de celebrarse el juicio, por lo que les condena al pago de costas al apreciar temeridad y mala fe.
Las acusaciones particulares atribuían al conjunto de los diez acusados hasta 25 delitos y reclamaban hasta 18 años de cárcel para Pérez Boada, 15 para José Manuel Uncio y dos para Benedé por hechos que calificaban de estafa, falsedad, prevaricación, encubirmiento u omisión del deber de perseguir delitos, mientras que Fiscalía únicamente había mantenido su acusación para dos de las personas que se sentaron en el banquillo: el expresidente del Consejo de Administración, Joaquín Boil, y el administrador de la entidad e hijo del anterior, Joaquín Miguel Boil, que también han sido absueltos.
Además de a estas cinco personas se acusó al exalcalde de Jalance Ángel Abed Navarro Navarro; al exconsejero delegado de la mercantil Hotel del Valle Jalance S.L. Pedro López y a otras tres personas más, que celebraron su boda en el complejo y fueron denunciadas por estafa y apropiación indebida.
Los querellantes denunciaron la gestión y la concesión de un préstamo por 130 millones de pesetas para construir un hotel en Jalance, por parte del IVF y de una entidad bancaria, en cuya ejecución alegaron que se habían producido irregularidades. El matrimonio sostenía que se le había causado un perjuicio económico que un informe pericial propuesto por su defensa cifró en cuatro millones de euros. Según su versión, la gestión del resto del consejo hundió la sociedad con una actuación negligente y no profesional a pesar de que era un negocio "viable completamente" que, si bien se inició con deudas, acabaría siendo rentable.
Sin embargo, para la sala, por una parte, no existe "prueba alguna ni de la falsedad de las cuentas societarias ni se comprueba la existencia de los acuerdos abusivos, ni lesivos y de ninguna manera aparece en este juicio oral prueba alguna de la infracción del derecho de información a los socios denunciantes"; no se llegó a probar una insolvencia punible; rechaza la existencia de delitos contra la hacienda pública --no se concretó el fraude o el desvío del IVA; ni falsedad documental ni apropiación indebida ni "prueba alguna del dolo penal necesario"-- sino que solamente hubo "suposiciones, elucubraciones y meras sospechas".
Sobre la actuación de los exdirectores del IVF, sostiene que sus acusaciones no tienen fundamento alguno y recalca que las peticiones de condena "ni siquiera" están "fundadas". De hecho, añade: "no debiendo nunca haber estado acusados en esta causa" y sostiene que es "temerario e incomprensible" haberlos mantenido en el proceso no solo desde el princiipio sino también en la fase intermedia del juicio y en las calificaciones finales.
La sala condena a las acusaciones particulares al pago de las costas en relación con los ocho acusados para los que en su día el fiscal retiró las imputaciones ya que las partes mantuvieron "sin prueba alguna ni argumentos trascendentes o de entidad penal, la autoría de los acusados, los cuales nunca debieron formar parte de este juicio oral".
