GRANADA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El número de asuntos sigue siendo "demasiado elevado", pese a la recuperación de la tendencia a la disminución de los últimos años, lo que impide, con los actuales recursos y "déficit organizativo" dar una respuesta "de calidad y en tiempo razonable", ha dicho Del Río. En su opinión, los jueces están haciendo un "trabajo serio y responsable", en una etapa de "convulsión" y "crisis" pero necesitan de una "mayor implicación" del resto de poderes "en un marco de consenso" para "conseguir reformas duraderas en el tiempo".
De hecho, ha incidido en que Andalucía se sitúa a la cabeza en el número de asuntos ingresados, y acapara el 21 por ciento de la litigiosidad nacional, que alcanzó un total de 8.376.629 en los órganos judiciales españoles. Si la tasa en el conjunto del Estado ha sido de 179,7 asuntos por cada 1.000 habitantes, significa en el ámbito del TSJA una tasa de 209,4 asuntos por cada 1.000 habitantes, por lo que sigue siendo la más alta de España, seguida de Madrid (202), Canarias (196,7) e Illes Balears (194,2).
En el número global de asuntos, se mantiene otro dato estadístico "llamativo", repetido año tras año: los procedimientos penales suponen el 74 por ciento del total, o sea, casi tres cuartas partes de los asuntos registrados, evidenciando que la reforma de esta jurisdicción "sigue siendo una de las mayores responsabilidades y asignaturas pendientes del legislador", ha dicho el presidente del TSJA.
En el otro extremo, se sitúa el porcentaje relativo a la jurisdicción social (un cuatro por ciento) y contencioso administrativa (un tres por ciento), mientras que la jurisdicción civil supone un 19 por ciento del total de asuntos ingresados.
Por órdenes jurisdiccionales, las cifras tienen distinta lectura e intensidad. El pasado año bajaron los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones excepto en civil. Así, hubo durante 2015 más litigios civiles, de forma que esta jurisdicción tiene un siete por ciento más de volumen general de ingreso de asuntos, continuando con la tendencia del año anterior.
En las audiencias provinciales existe un incremento medio global del 10 por ciento, que oscila significativamente por provincias, ya que se mantienen los asuntos civiles ingresados en Córdoba frente a un incremento del 21 por ciento en Huelva respecto al año anterior.
En el lado opuesto se sitúa la jurisdicción penal, que ingresa un seis por ciento menos de asuntos que en el año 2014. Pese a este descenso, la tasa de litigiosidad penal en Andalucía es la más alta del país (154,6), seguida de Madrid, Illes Balears y Canarias.
Los asuntos penales ingresados en Andalucía son el 23 por ciento del total de ingresos a nivel nacional. Por su parte, la jurisdicción social ingresa también un seis por ciento menos de asuntos (continuando con el descenso del nueve por ciento del pasado año).
Respecto a la jurisdicción contencioso-administrativa, que ha ingresado un 17 por ciento menos, aunque la incidencia es mucho más relevante en la primera instancia, de forma que en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo existe un descenso del 24 por ciento respecto al año anterior.
AUMENTA LA RESOLUCIÓN
Durante 2015, los órganos judiciales resolvieron 1.834.595 asuntos y quedaron en trámite al final del año un total de 514.636 asuntos, lo que significa una reducción del cinco por ciento respecto a los que quedaron en trámite al final de 2014.
Se trata de un dato "positivo" que muestra, en general, un aumento de la productividad de los jueces, o lo que es lo mismo, que los órganos judiciales andaluces se sitúan en un "buen nivel de laboriosidad", ya que se han resuelto más asuntos de los ingresados.
Pero el "problema", según ha incidido Del Río un año más, sigue siendo la tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), siempre superior a los asuntos que se resuelven, lo que significa realmente que "la valoración final no puede ser satisfactoria por la dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes y, por tanto, que todavía deben mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales".
En este contexto, el presidente del TSJA ha apostado por cambios organizativos y estructurales en la Administración de Justicia para conseguir una "justicia sostenible" a través de una verdadera transformación tecnológica, un cambio de la estructura organizativa y de reformas legislativas.
En este sentido, ha señalado que el denominado "proyecto papel cero" es el punto de partida de ese desarrollo tecnológico pero que "queda mucho camino que recorrer", por lo que ha confiado que 2016 "sea el año en que, definitivamente se deje atrás el arcaísmo y desaparezca la brecha digital que padece la Administración de Justicia".
Respecto a la estructura organizativa, ha señalado la necesidad de que los órganos unipersonales caminen hacia una colegiación similar a la de las Salas y Audiencias, superando el actual sistema que "impide o dificulta enormemente compartir recursos e información, al tiempo que permitiría reducir costes, duplicidades y tiempo". Por último, ha reiterado la necesidad de que la modernización procesal sea una realidad especialmente en la reforma del proceso penal.
Entre las propuestas organizativas que plantea la memoria del TSJA, destacan la plena digitalización, el principio de colegiación, la comarcalización, especialización y transformación de ciertos juzgados, así como el plan de choque con medidas de apoyo en algunas sedes y jurisdicciones sobrecargadas. En este sentido, el TSJA aboga por la "implicación urgente" de las administraciones para mejorar la imagen y la realidad del sistema judicial andaluz.
