MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
Durante su discurso en el 'V Foro de las Autonomías' que este miércoles se ha celebrado en el Senado, ha insistido en
ha reivindicado la "impecable coherencia" que todos los pronunciamientos del Alto tribunal mantienen con la doctrina de la Carta Marga y, concretamente se ha referido a la impugnación de las "graves" declaraciones independentistas impulsadas por el Parlamento de Cataluña.
Así, y a sabiendas de que la soberanía reside en el pueblo español, Pérez de los Cobos ha destacado que el TC ha mostrado "gran sensibilidad política y jurídica al ver en el llamado 'derecho a decidir' una aspiración política defendible en el marco de la Constitución".
De hecho, según ha recalcado, pese a que el Alto tribunal ha dejado sin efecto las declaraciones independentistas, eso no ha supuesto la desestimación de las aspiraciones de quienes reivindican un marco constitucional distinto al de 1978.
DESDE LA LEGALIDAD
En cualquier caso, ha advertido de que cualquier planteamiento que se pretenda modificar de la Carta Magna tendrá cabida "siempre que no se vulnere" el derecho constitucional o los derechos fundamentales.
Así, ha abogado por acometer dicha reforma "para perfeccionar el texto vigente" pero, para ello, ha pedido hacer un "debate y una reflexión sosegada" para así reformarla desde el "consenso".
Pérez de los Cobos, que en su discurso ha reivindicado la labor del Tribunal Constitucional en la conformación del Estado Autonómico, ha afirmado que al Alto tribunal le ha correspondido un "papel fundamental" a lo largo de los años de cara a construir el Estado de las Autonomías.
En este sentido, ha puesto de relieve que "ha sido el TC, a golpe de sentencia, el que ha venido a perfilar" el sistema autonómico ante la "falta de acuerdo político" en cuestión de competencias. De hecho, ha asegurado que en 35 años se han dictado más de 1.000 sentencias sobre conflicto de competencias.
Pérez de los Cobos ha apuntado a las "contradicciones e incoherencias" que existe en la distribución de competencias. "No existe como debiera en términos de seguridad jurídica una clara definición de quien hace qué", ha resaltado.
