DE LA INVESTIDURA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, LOS GRUPOS POLITICOS Y LAS ELECCIONES DEL 20-D (1)
El día 20 de diciembre pasado se celebraron las segundas elecciones generales en el periodo de crisis más largo vivido por nuestro país. En las primeras, del año 2011 la suma mayoritaria de los individuales votos de los ciudadanos, parecían indicar el deseo de que el Partido Popular, que obtuvo mayoría absoluta, enmendara la gestión económica y política de las dos legislaturas anteriores de Rodríguez Zapatero, el Presidente del Gobierno que más daño ha hecho al sistema democrático fruto de la Transición y a la Constitución de 1978, sin hablar de su desastrosa política económica.
Del resultado electoral producto de la voluntad aleatoria del cuerpo electoral, no ha surgido ningún mandato del mismo a los Diputados y Senadores electos, como han interpretado interesadamente los políticos. Cada elector emitió su opinión política y es la suma de todos los votantes la que configura el espectro político-parlamentario actual [esa es la grandeza de la democracia representativa, la única real pues las democracias con adjetivo, populares (comunistas), asamblearias (real) u orgánicas (franquista) encubren siempre totalitarismos de uno u otro signo], con una muy difícil articulación de mayorías que sustenten un Gobierno mediante la investidura de su Presidente. En estas semanas, en las que se han constituido las Cámaras y se han puesto en marcha los trámites constitucionales previos a la investidura del Presidente, estamos asistiendo a una ceremonia de la confusión propiciada, por un lado, por la falta de experiencia anterior de un Parlamento tan fragmentado, por otro a los intereses de algunos partido políticos, que en algún caso pretenden simple y llanamente desacreditar la democracia representativa para crear en la ciudadanía un hartazgo de la misma que le haga aceptar un sistema político no democrático dirigista y populista (Venezuela) y en otros el cortoplacismo político y la falta de estadistas entre sus dirigentes, que les hacen mirar más por los intereses egoístas de la dirigencia que los generales del país.
Pero algunas cuestiones se van decantando en este incierto periodo antes no vivido. Entre ellas que el PSOE, que no quiso en la campaña electoral la existencia de un partido de centro de ámbito nacional que actuara de bisagra entre los dos grandes partidos que representan las corrientes mayoritarias ideológicas en los países europeos más avanzados de la UE, ahora ha comprendido la utilidad del mismo y ha tenido que firmar un acuerdo con él. También que parece decidido, en función de los pactos que propone y los vetos que ha establecido, a abandonar el espacio socialdemócrata que le ha sido propio para inclinarse a una izquierda más tercermundista. El Partido Popular no ha sabido liderar la iniciativa que le correspondía, al ser el que más diputados ha obtenido, ya que no ha puesto sobre la mesa desde el primer momento un programa de gobierno invitando a negociar a todos aquellos que estuvieran dispuestos a hacerlo y ante un fracaso, en su caso, adoptar todas las medidas precisas incluyendo un posible cambio de candidato o reconocer que, aunque sea el grupo parlamentario más numeroso, en el sistema parlamentario puede no ostentar la Presidencia del Gobierno, Podemos ha ratificado su esencia de partido-espectáculo, antisistema democrático y extremista de izquierdas con sus teatrales puestas en escena y los actores sociales, empresarios y sindicatos, así como la sociedad civil no ha estado a la altura del momento exigiendo seriedad y responsabilidad a la clase política.
En este escenario se ha puesto en marcha el mecanismo de la investidura que prevé el art. 99 de la CE (desarrollado por los arts. 170 a 172 del Reglamento de Congreso) Dichos preceptos correctamente interpretado en el marco de nuestra forma de gobierno de monarquía parlamentaria (art.1.3 CE), indican que el Jefe del Estado, el Rey, debe de recibir a los representantes de todos los grupos políticos que tengan diputados, -que no grupos parlamentarios-, correspondiendo a estos informarle de la candidatura que hayan acordado o estén en vías de ello, en sus negociaciones. No, como se ha querido escenificar con evidente intención de desgastar la figura del monarca e implicarle en el juego político, lo que no es su misión constitucional, imputando al Jefe del Estado la tarea de averiguar de las conversaciones, cuál de los líderes de dichos grupos podría ser investido y encargarle la misión de articular la mayoría necesaria, ya que las facultades arbitrales y moderadoras del Jefe del Estado (art. 56.1 CE) no alcanzan a imponer ni el calendario, ni dar instrucciones a los grupos políticos ni designar el candidato por propia iniciativa, son ellos los responsables y actores de la solución.
DE LA INVESTIDURA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, LOS GRUPOS POLITICOS Y LAS ELECCIONES DEL 20-D (y 2)
El protagonismo y la responsabilidad en el sistema parlamentario es de los representantes de la soberanía popular. Para esta fase postelectoral, la Constitución sabiamente no ha fijado plazo, pues es el tiempo de la política de Estado. Ya en 1995 se necesitaron más de dos meses para la investidura del presidente Aznar y en los países europeos de nuestro entorno, sin llegar al extremo de Bélgica, resulta normal tardar varios meses hasta que se conforma un gobierno de coalición (Holanda). En este tiempo hemos asistido al auto-descarte del candidato del principal partido en número de diputados sin que proponga alternativa, al papel del candidato del PSOE que ha entendido errónea o interesadamente el encargo del Jefe del Estado como una pre-investidura, cuando es él quien deben de llevar al Rey la coalición que pueda garantizar su investidura, aunque hay que reconocerle el mérito de haber dado un paso adelante y someterse al primer debate y votación para poner en marcha el plazo constitucional de dos meses. Ahora puede volverlo a intentar o hacerlo otro líder parlamentario.
Desde el punto de vista jurídico-constitucional, nada debe alterar el funcionamiento ordinario de las instituciones y de la sociedad, ya que el Gobierno en funciones, cuyos límites detalla el art. 21 de la Ley 50/1997, sigue cumpliendo con su función constitucional, así como las comunidades autónomas y la administración local, gracias a que están aprobados los Presupuestos Generales del Estado (no se ha oído a los que se opusieron en su día rectificar sus afirmaciones), si bien es verdad que no puede comenzar con total normalidad la legislatura entendida como proyecto político de la nueva mayoría, el país debe seguir funcionando y los actores sociales, en especial los empresarios deben de aprender de Italia, a no depender tanto de quien gobierna para emprender. La sociedad civil debemos continuar con nuestros afanes, pues si les dejamos de prestar tanta atención, a lo mejor ello sirve de cura de humildad a la clase política.
Sin embargo, desde la perspectiva de ciudadano común, se contempla con asombro el cortoplacismo de las élites políticas que están primando sus intereses de partido o supervivencia personal de liderazgo a los generales de la Nación y esperan o desean un entendimiento de mínimos de los partidos del sistema constitucional para formar un gobierno de amplio apoyo parlamentario que afronte como poco la tarea de gobernar, que va mas allá del mero acuerdo de investidura (López Aguilar, El País 30-1-16) y si fuera posible encarar las cuestiones estructurales que el país necesita, bajo la presidencia de quien suscite mayor consenso o menos rechazo, ya sea del líder de Ciudadanos, (Diez Revorio en una entrada publicada en su blog el pasado 21 de diciembre de 215), de una persona independiente de los partidos como piden otros, de otra figura del Partido Popular que los tiene o del Gobierno (Tamames habla de Luis de Guindos). Por ello, como ha expresado Rey Martínez (El País del pasado 29 de enero): “La suma de PP, PSOE y Ciudadanos supone la auténtica mayoría social: 253 escaños de 350. Es la Constitución material. Será la hora de los patriotas o la de aquellos que solo piensan en el interés personal y de su tribu”. Es decir, que nos dejen de agobiar con sus desencuentros y postureo y que solo nos avisen cuando hayan puesto los intereses generales por delante. Si conforme el articulo 99.5 han de celebrarse sucesivas intentonas de investidura durante dos meses, para intentar nombrar un Presidente de Gobierno, ello entra en la lógica de la democracia representativa de la soberanía popular, ya que es el poder legislativo, uno de los tres pilares de los Estados de Derecho, quien debe de agotar su cometido constitucional y si al final han de celebrarse nuevas elecciones, que los ciudadanos pensemos cada uno bien el voto, para evitar otra situación idéntica y alcemos la voz para un cambio del sistema electoral hacia el sistema francés de la doble vuelta.
