ALICANTE, 12 (EUROPA PRESS)
El juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela condenó al empresario oriolano Ángel Fenoll a la pena de 35 años y medio de prisión por hacer facturas falsas desde sus dos empresas y defraudar a Hacienda pública evitando el pago del Impuesto de Sociedades y el IVA correspondiente a los años 2002, 2003 y 2004. Además, sentenció a 177 años de prisión a las otras 14 personas como cooperadoras necesarias en la comisión de los delitos.
Ahora, sin embargo, la sección Séptima, con sede en Elche (Alicante), ha estimado los recursos presentados por los 15 encausados contra la sentencia y ha declarado prescritos los delitos relativos al año 2002.
En cuanto a los otros dos años, la Audiencia apunta que la sentencia que condenaba a las empresas "realiza una declaración de hechos probados que resulta insostebible". Detalla que en los años 2003 y 2004 las empresas han tenido "un constante aumento de resultados contables" y en esos mismos años han tenido "una continua emisión de facturas falsas". Dos afirmaciones que tacha de "incongruentes" y argumenta: "efectivamente, sostener como hecho probado que la situación financiera" ha experimentado "aumentos contables" y señalar que las facturas "son falsas" es "contablemente insostenible".
La Audiencia explica en ese sentido que si las empresas tiene un incremento de la actividad pagan más IVA soportado y repercutido y "no es posible que falsifiquen facturas en beneficio" y contrapone: "Lo lógico sería que habiendo disminuido su actividad hincharan mendazmente los documentos contables a fin de conseguir esa base que daría lugar a la defraudación".
Añade que "la incongruencia de los hechos probados es palmaria. Si las empresas han falsificado las facturas, como sostiene la sentencia, la situación económica y financiera de las mismas debía ser negativa".
Asimismo, considera que la actuación de la Agencia Tributaria (AEAT) en todo el proceso es "de difícil justificación en el ámbito penal" y concreta que se autorizó "para obtener los movimientos de cuentas bancarias de empresas no objeto del expediente original, y acusadas y condenadas en sentencia". "La consecuencia jurídica de lo expuesto es la nulidad", agrega.
Argumenta la sentencia que "la AEAT tiene conocimiento, según actuaría desde abril de 2007" de un posible delito de falsedad documental pero "continua investigando" hasta reunir elementos para en diciembre de ese año "ocho meses después" presentar la denuncia ante la fiscalía que incluía "delito contra la Hacienda Pública".
Lamenta así que es de "difícil comprensión" ya que "no persiguen el delito del que tienen conocimiento" y "esperan casi un año" para instruir "una infracción penal".
Además, cuestiona cómo la AEAT se olvidó de denunciar ante la fiscalía los hechos supuestamente delictivos y afirma: "nos preguntamos si este olvido no es intencionado, visto que la vigente regulación de los delitos contra la Hacienda Pública está orientada a la recaudación, más que a otra cosa".
