MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que desestima el recurso presentado por el ex jefe de la patronal solicitando el archivo de su caso porque los hechos se cometieron entre 2005 y 2009, con lo que el plazo de prescripción sería de tres años al tratarse de un delito continuado de apropiación indebida.
Los magistrados Ángeles Barreiro, Antonio Díaz Delgado y Fermín Echarri respaldan que el instructor Fernando Andreu ha motivado que la apropiación de una cantidad superior a los 50.000 euros prevé penas que pueden alcanzar "en abstracto" seis años de prisión, por lo que se aplica un periodo de prescripción de diez años.
El auto se apoya en el criterio de la Fiscalía señalando que la última disposición llevada a cabo se registró el 17 de octubre de 2009 y la responsabilidad penal cauducaría a los diez años. Por ello, los jueces recalcan que "no cabe duda" de que debe operar el plazo de prescripción de diez años y no el de tres, como indica la defensa.
En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el exresponsable de los empresarios, que utilizó su 'visa' desde el 19 de abril de 2005 hasta el 17 de octubre de 2009, señala que el plazo de prescripción comienza en esta última fecha y concluye el 17 de octubre de 2012, "siendo este día cuando se produce la prescripción del supuesto delito continuado de apropiación indebida".
Tras indicar que el plazo establecido en el Código Penal es de tres años al tratarse de un delito penado con un máximo de tres años de prisión, la defensa de Díaz Ferrán concluye que es además "claramente erróneo" apreciar que la infracción es de "especial gravedad" por la cuantía de lo supuestamente defraudado.
APERTURA DE JUICIO ORAL
Andreu envió el pasado febrero el caso de las 'tarjetas black' a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para sentar en el banquillo a 66 antiguos directivos y consejeros de dichas entidades financieras propuestos por PP, PSOE, IU, el empresariado y los sindicatos al entender que hay "méritos suficientes" para exigir responsabilidad criminal por delitos de administración y apropiación indebida.
La Fiscalía Anticorrupción, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Bankia, BFA y Unión Progreso y Democracia (UPyD), solicitan penas que oscilan entre los dos y los diez años de cárcel para los acusados, entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 cerró el pasado diciembre la instrucción al concluir que existen indicios de administración desleal por parte de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos), y de apropiación indebida en el caso del resto de directivos que los utilizaron.
El magistrado afirmó entonces que las tarjetas fueron emitidas "sin respaldo contractual alguno" y usadas para "gastos personales y propios", que ascendieron entre 1999 y 2012 a un total de 15,5 millones de euros, aunque la responsabilidad por los gastos comprendidos desde 1999 hasta 2003 ha prescrito.
