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La AN confirma la decisión de trocear la causa de lesa humanidad contra las últimas cúpulas de ETA para evitar un "caos procesal"

05/04/2016
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Argumenta que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal desaconseja su conocimiento en un único procedimiento

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión de la juez Carmen Lamela de trocear en seis procedimientos diferentes la causa por delitos de lesa humanidad contra las últimas cúpulas de la organización terrorista ETA, al entender que así se evita "cierto caos procesal" y esta actuación está respaldada por la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en aras de lograr una mayor agilidad en las investigaciones.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que desestima el recurso que presentó la Fundación Luis García Portero contra la decisión de Lamela de desgajar el procedimiento que abrió su antecesor en el juzgado, Juan Pablo González, al considerar que no existe "ningún nexo de conexidad" entre los distintos atentados investigados.

Creen que la instructora no contravino los principios de legalidad y seguridad jurídica puesto que lo que ha intentado "es, precisamente, evitar el cierto caos procesal que podría conllevar el conocimiento en una única causa de diferentes hechos con apariencia delictiva de índole terrorista, cometidos en momentos distintos y por personas diferentes, de los que conocen o han conocido varios de los juzgados centrales de instrucción".

Los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel señalan que podría racionalizar los actos de comprobación y que "el trastorno procesal ha quedado minimizado" con las inhibiciones que Lamela ha acordado a favor de los juzgados que han investigado los atentados objeto de la acusación de lesa humanidad.

Lamela envió el pasado diciembre a los Juzgados Centrales de Instrucción números 1, 3, 4 y 6. En concreto, Santiago Pedraz recibió el caso de los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, que tuvo lugar en la T-4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) en diciembre 2006; y los atentados que costaron la vida al guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano (Álava) en mayo de 2008; y al brigada Luis Conde en Santoña (Cantabria) en septiembre de ese año.

El juez Eloy Velasco recibió la causa del empresario Ignacio Uría en Azpeitia (Guipuzkoa) en diciembre; mientras que al juzgado de Fernando Andreu ha llegado la del policía nacional Eduardo Puelles en Arrigorriaga (Bizkaia) en junio de 2009; y la de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Calviá (Baleares) en julio de 2009. La propia Lamela continuará investigando el asesinato del exconcejal socialista Isaías Carrasco en Mondrágón (Guipuzkoa), que se produjo en marzo de 2008.

En la causa ahora despiezada están procesados los exjefes de la banda José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', contra el que se dictó una orden de detención internacional; Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki'; Mikel de Kabikoitz Karrera Sarobe, 'Ata'; Aitzol Iriondo Yarza; y Aitor Elizaran Sarasola, en paradero desconocido desde la semana pasada.

25 DELITOS IMPUTADOS

El juez Juan Pablo González procesó el pasado 27 de octubre por un total de 25 delitos de asesinato terrorista a cinco exjefes etarras que ocuparon la dirección de la organización terrorista desde 2004, año en el que entró en vigor el delito de lesa humanidad en el ordenamiento jurídico español.

En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 atribuyó siete delitos de asesinato a 'Ata', seis a Iriondo, cinco a 'Txeroki', cinco a Elizaran y dos a 'Josu Ternera', que "estuvo al frente del 'aparato político'" de ETA durante los años 2005, 2006 y 2007 "en unión" del fallecido Francisco Javier López Peña, 'Thierry', "si bien por su carisma y ascendencia sobre el resto de militantes cabe considerar que ha tenido participación en todas las decisiones relevantes".

El auto destaca que en todos estos atentados los "máximos dirigentes" de los aparatos político y militar de ETA en el periodo investigado "tuvieron conocimiento del plan de los delitos cometidos durante su periodo de dirección, impartiendo a los autores materiales las correspondientes instrucciones y habiendo podido intervenir antes de la ejecución para evitar el resultado".

En el caso del atentado de la T-4, que rompió la tregua decretada por la organización en 2006, el de Isaías Carrasco, días antes de las elecciones generales de 2008, o el del empresario Uría, vinculado a las obras del tren de alta velocidad, el juez González señala que "en modo alguno pudieron ser ejecutados sin que los autores materiales recibieran órdenes concretas y precisas de los máximos dirigentes de la organización terrorista".

La causa se inició en julio pasado a partir de las querellas presentadas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), la Fundación Luis Portero y otras víctimas de ETA, que también dirigieron su acción penal contra María Soledad Iparaguirre Genetxea, 'Anboto'; Gorka Palacios Alday, Jurdan Martitegui Lizaso, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, 'Txikierdi'; Eugenio Echebeste, 'Antxon'; José Luis Ansola Larrañaga, 'Peio el Viejo' y Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito'.

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